IAM/ALJ Entre los presuntos casos de corrupción del Ayuntamiento de Algeciras en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz de los últimos veinte años, uno me resulta paradigmático y es el caso Escalinata que afecta a todos los gobiernos municipales, empezando por el PA, pasando por el PSOE y terminando por el PP. Estos son los hechos. En julio del 2001, siendo alcalde de Algeciras Patricio González del PA, se aprueba en el pleno municipal con apoyo del PP el proyecto de parking de la Escalinata. En aquella sesión la oposición de IU y PSOE advirtió de las irregularidades del proyecto, porque carecía de licencia y atentaba contra el Plan General de Ordenación Municipal al no ser un aparcamiento subterráneo. El Gobierno municipal de PA y PP obviando lo dicho por la oposición lo autoriza en fraude de ley y los vecinos denuncian el proyecto. En diciembre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo declara ilegal por los mismos motivos que se plantearon en el pleno municipal. En 2005, gobernando ya el PSOE el Ayuntamiento autorizó con apoyo del PA cuatro plantas de oficinas junto al parking de la Escalinata, sin que se hubiera resuelto el problema del aparcamiento aunque ya había una sentencia firme, pues el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Consistorio para evitar la ejecución de la sentencia y así evitar la demolición de los aparcamientos aprueba un Plan de Movilidad Urbana, un subterfugio o excusa artificiosa que no valió para nada porque también fue tumbada por la Justicia. Y para colmo de este caso, en febrero de este año, la Corporación municipal del PP, encabezada por el diputado Landaluce, inicia un expediente de expropiación a los legítimos propietarios del edificio Escalinata. Resulta increíble el calvario que llevan estos vecinos desde que en el año 2002 se abrieron las grietas que terminaron con la declaración de ruina del edificio. Todo ello derivado de fallos técnicos en la excavación y la modificación del proyecto inicial para construir más plazas, pues se modificó la concesión para construir 205 plazas de aparcamiento a 326 sin autorización municipal, lo que provocó daños en el edificio Escalinata, un expediente de ruina y el desalojo de los vecinos. Ahora después de la gran perplejidad que producen hechos tan sorprendentes, que hacen de este caso el paradigma de la corrupción en Algeciras, surgen las preguntas que espero resuelva y aclare la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para conocer si hubo prevaricación, cohecho, trato de favor, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, como denuncian los vecinos, en el desarrollo de esta anómala concesión municipal y también por los fallos técnicos y constructivos posteriores. Las preguntas a resolver serían muchas pero ahí van algunas. Qué intereses existen entre el Ayuntamiento y Nautagest, empresa concesionaria de la Escalinata. Cómo se adjudicó el concurso millonario de la Escalinata a Nautagest, empresa constituida unos días antes, con un capital social de solo 3.000 euros y de la que nadie sabía, ni sabe nada. Quiénes son los verdaderos propietarios de Nautagest. Cómo se le permitió a Nautagest realizar las obras sin licencia, depositar menos fianza y no contratar una póliza de responsabilidad civil ilimitada como recogía el pliego de condiciones. Por qué el Ayuntamiento pagó el realojo de los vecinos y abonó los informes de los daños ocasionados en la construcción de los aparcamientos en vez de Nautagest como se especificaba en el pliego de condiciones de la concesión. Por qué sucesivas corporaciones municipales han protegido al concesionario en vez de a los vecinos sin importarle la falta de transparencia, el daño causado y el gasto ocasionado a las arcas municipales. Por qué, por qué, por qué…
