El caso de la profesora María Dolores Moreno Bonilla, que ha sido nombrada directora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, con todas las de la ley, ha puesto el foco mediático en el nombramiento, discrecional, que hacen quienes políticamente detentan la titularidad de las delegaciones provinciales de educación de la Junta de Andalucía. Hay que decir que algunos de los titulares de las noticias aparecidas en prensa no han sido mínima contrastados y en el mundo del periodismo se lleva a gala el hacerlo. Ni una oposición, ni un puesto de trabajo, simple y llanamente un nombramiento a un cargo.
Siempre, y dentro de la norma, el nombramiento provisional por un curso de docentes para asumir la dirección de los centros educativos se realiza “a dedo” con el criterio del delegado o delegada provincial de turno. Decenas de miles de nombramientos a las direcciones de los centros educativos, desde los inicios de esta inacabada transición democrática, se han producido y a nadie se le han caído los anillos y nadie se ha rasgado las vestiduras. Tal costumbre, tan antidemocrática, se ha venido desarrollando y ahondando precisamente por la perversa tendencia al control político de las instituciones y de la administración pública que las gestiona, por parte de los partidos políticos.
Lejos de conformarse la política partidaria con el espacio de poder legislativo al que se accede mediante elecciones, invade para su control toda la vida de las administraciones públicas y siempre que puede las organizaciones ciudadanas. La política partidaria acaba asfixiando la participación política de la ciudadanía. En el caso de los centros educativos en 1984 la promulgación de la LODE (ley orgánica del derecho a la educación) establecía el protagonismo de las comunidades educativas en la elección de las direcciones de los centros, que eran entendidas como legitimas representantes de estas. Las seis leyes orgánicas sucesivas, que sobre educación ha padecido este país, han desandado ese camino y el poder político no ha hecho más que secuestrar la voluntad de las comunidades educativas atribuyéndose la facultad de nombrar a las direcciones de los centros.
En los nombramientos provisionales de direcciones de los centros educativos, los usos y costumbres han depositado en las Inspecciones de Educación el papel de asesores de los políticos, delegados provinciales de educación. Si la norma da poder discrecional a estos para nombrar, las Inspecciones de Educación se limitan a, cuando se le solicita, emitir informe sobre la propuesta de nombramiento. Porque quien es delegada o delegado de educación sabe, en bastantes ocasiones, a quien debe nombrar como directora o director de un centro, recayendo en muchas ocasiones en personas afines a su partido político. Y nadie, en treinta años de gobierno socialista, ha puesto el grito en el cielo.
En el caso que nos ocupa es bueno saber que había interés particular por parte de otra profesora de ese centro para ser nombrada directora y que, al no ser elegida, ha presentado una reclamación ante la delegación de educación, vertiendo opiniones negativas, de terceras personas, sobre la persona elegida e incluso refiriéndose a conversaciones telefónicas con el inspector de educación correspondiente. Y es él el que debe ahora dar explicaciones de la fundamentación de la propuesta formulada al titular de la Delegación de Educación de Málaga. Porque es el inspector el que decide hacer un “concurso de méritos”, sin que norma alguna lo ampare, y es él quien informa de que hay puntuaciones y de que tal o cual persona tiene más o menos puntos que otra. Y es él, ya que se mete en camisa de once varas, el que debe aclarar por qué descarta a quien, según él mismo obtuvo más puntuación.
El PSOE le pide explicaciones, nada más y nada menos, al Presidente de la Junta de Andalucía, porque el nombramiento recae en su hermana. Podría preguntar también cuántos nombramientos a dedo han realizado los delegados y delegadas provinciales de educación del partido socialista en sus casi treinta años de gobierno en Andalucía, tanto de hermanos, hermanas, primos, amigos, conocidos o colegas del partido, cuando la norma que los permite tiene el marchamo de socialista. Este aspecto es uno más del inmenso déficit democrático que se padece. Porque en el fondo quienes nos gobiernan no son demócratas, ya que imponen su voluntad sin invocar y animar la participación de la ciudadanía en aquello que a diario les afecta. Sólo precisan de un único acto electoral cada cuatro años y punto.
