Todos los días vemos a demasiados cargos públicos poniéndose en ridículo por sus desaciertos, incompetencias o ignorancia sobre lo que hacen gestionando lo público o resolviendo sus problemas. O sea, resolviendo los problemas que nos importan a todos. En las encuestas, sondeos o barómetros sociológicos leídos últimamente, siempre aparece la preocupación de los españoles por la corrupción, pero también la creciente sensación de que muchos de los que ocupan cargos públicos no tienen capacidad para resolver los problemas públicos. O sea, los problemas que nos importan a todos. Porque la corrupción es una cosa y la falta de competencia y capacidad es otra. La valoración negativa que hacemos los ciudadanos de la gestión política se hace mucho más patente cuanto más cercana es la administración que valoramos. Porque para la mayoría de la gente es mucho más fácil conocer lo que hacen quienes ejercen su función desde ámbitos próximos, las administraciones municipales, provinciales o autonómicas.En esas administraciones lo que la gente percibe es que muchos de los que tienen responsabilidades directas de gestión, es decir, los que toman las decisiones y manejan los presupuestos son unos incompetentes, no tienen la capacidad o la formación adecuada para la gestión de lo público, y ni siquiera para la privada. Porque son gente con nula o escasa preparación técnica o profesional y con currículos ridículos, falsos o inexistentes. Y lo malo es que hay demasiados de estos incompetentes en los partidos, dedicados a la política o lo que es peor gestionando lo público. Esto hace que exista una total falta de sintonía y empatía entre representantes y representados, ya sea de Instituciones próximas o lejanas. La mayoría de los ciudadanos consideran que estos personajes deben dimitir porque creen con razón, que ganar las elecciones no es garantía de nada y menos de capacidad para administrar lo público. Estamos viendo todos los días como demasiados cargos públicos se ponen en ridículo por sus desaciertos, incompetencias o ignorancia sobre lo que hacen. Esas situaciones, normalmente, causan como mínimo pesar a quién les designó, pero gran disgusto a los electores que le votaron y a la Instituciones a las que representan. La única salida que hay para los incompetentes -no hablo de corruptos, ni de delincuentes- es también la dimisión. Y el primero que debe dimitir es Cristóbal Montoro, que ha demostrado su peligrosa incompetencia al dejar agujeros en su defectuosa amnistía fiscal por la que se han colado de forma barata y sin investigación, dinero de procedencia ilícita. La opinión pública ya no admite la corrupción, pero tampoco la incompetencia, que tanto perjudica a lo público y también a nuestra democracia
