Y esos 22 millones de euros es el saldo de la sentencia que dictó hace casi un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obligaba a todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales antes de 2001. La factura seguirá creciendo, al menos, hasta 2023, porque aún hay más de 1.000 puntos negros que depuran mal las aguas residuales en España. Esto también ocurre en el Campo de Gibraltar, solo en Algeciras hay 36 puntos de vertidos constatados y autorizados por la Junta.
Según la evaluación de los datos del año 2018 de la Delegación Territorial (Cádiz) de la Consejería de la Junta de Andalucía de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el Campo de Gibraltar, funcionan bien las depuradoras de Algeciras, La Alcaidesa, Guadacorte en los Barrios y Jimena. Funcionan mal La Línea, Guadiaro y Sotogrande. Funcionan muy mal Los Barrios, San Roque, San Enrique y Facinas. Hay que tener en cuenta que una cosa es que la depuradora funcione bien, regular o mal y otra que todas las aguas residuales de una localidad lleguen a la depuradora, como ocurre con la de la Isla Verde en Algeciras, donde la depuradora funciona muy bien pero solo se vierten en ella entre el 30 y 40% de las aguas fecales que produce la ciudad. La Línea puede estar como Algeciras o peor.
Esta es nuestra realidad comarcal, pero España tras un sinfín de avisos y emplazamientos de Bruselas, e incluso de otra sentencia, hace un año fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones urbanas. El fallo imponía otra sanción semestral de 10,95 millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el fallo hace un año, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000 personas, son: Tarifa (Cádiz), Barbate (Cádiz), Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
Un año después de aquel fallo, la Comisión Europea ha certificado que en uno de los casos, Tarifa, ya se depura correctamente —tras empezar a funcionar la nueva estación depuradora—. Pero no me lo creo, una cosa es su puesta en servicio y otra que las tuberías de fecales estén conectadas al colector de la depuradora, como también ocurre en las depuradoras de Algeciras y La Línea. Sin embargo, esto ha hecho que el primer pago de la multa semestral se reduzca, pero solo en 595.000 euros, ya que el criterio que se emplea es el de la población afectada y en el caso de la depuradora de Tarifa solo da servicio a 20.500 personas, señalan fuentes de la Comisión Europea. Dato que no es real en verano.
Fuentes del Ministerio para a Transición Ecológica explican que en estos momentos se está tramitando un “procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, que es como se conoce el instrumento para pasarle parte de la factura a las autonomías afectadas. Ese procedimiento concluirá con un acuerdo del Consejo de Ministros que se debe aprobar en los próximos tres meses, según las mismas fuentes oficiales del Gobierno socialista.
España tiene abiertos otros cuatro expedientes más por falta de depuración de las aguas. En total, hay un millar de pequeñas localidades, pedanías y urbanizaciones que aún vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los ríos, ya sea sin tratar o tratadas insuficientemente. Estos expedientes siguen su curso y podrían también acabar en sanciones, advierten desde la Comisión Europea. Este es el caso de Bolonia (Tarifa) donde la depuradora construida en 2010 estaba paralizada desde 2016. Ahora está preparada para comenzar a recibir los caudales de las acometidas domiciliarias, que suponemos comenzarán a conectarse, y será inaugurada provisionalmente este verano tras diez años de demoras.
La vía de la sanción europea no es la única que está abierta. En Málaga, una investigación realizada por el Seprona de la Guardia Civil -la operación Vastum- ha culminado con la imputación de 16 cargos o excargos públicos de las localidades de Nerja (11) y Coín (5). En ambos casos, no se depuran correctamente las aguas residuales urbanas. La investigación también ha afectado a otro municipio, Alhaurín El Grande, donde aún no hay imputaciones. Todos los casos parten de la misma denuncia realizada por Ecologistas en Acción en 2017 por la falta de depuración. En Algeciras estas imputaciones no han sido posibles porque la Fiscalía y los juzgados archivan todas las denuncias realizadas por Agaden-Ecologistas en Acción. Y así estamos. Qué pena me da mi pueblo.
