Esta medida pretende utilizar todos los recursos disponibles, también los privados, para ampliar la capacidad de hacer test del coronavirus a la ciudadanía. La escasez de estas pruebas, de los laboratorios y del personal habilitado para realizarlas ha sido uno de los problemas a los que se ha enfrentado la sanidad pública española durante esta crisis sanitaria.
La orden cierra la puerta a que quien lo desee pague por un test si no lo recomienda un sanitario, es decir, si no tiene síntomas ni ha estado en contacto con personas de riesgo o contagiados. “La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente”, señala la instrucción.
En las primeras semanas de la epidemia y de esta crisis sanitaria muchas clínicas permitían que cualquier persona, incluso la que no tenía síntomas, pudiera pagar entre 165 y 400 euros por un test PCR, el más fiable. Un laboratorio, Echevarne, llegó a ofrecer un kit a domicilio que se compraba por internet en su página web.
Por eso, más allá de que se usen o no de forma directa en caso de necesidad, la Orden permite a las comunidades controlar los precios de los test para evitar “situaciones abusivas”, poniendo fin a los test indiscriminados para aquel que pueda pagarlos.
Casi todo parece coherente con las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación, impuestas por el Real Decreto de declaración del estado de alarma, para combatir la pandemia, medidas todas imprescindibles para el desempeño de las actuaciones sanitarias necesarias para garantizar la erradicación del virus y, en consecuencia, la salud pública.
Y digo casi todo porque en mi opinión está absolutamente fuera de lugar el apartado tres, del artículo primero, de la Orden ministerial: “las comunidades autónomas podrán poner límites a los precios para evitar situaciones de abuso en el acceso a este servicio”. Un auténtico sin sentido teniendo en cuenta que, en estos tiempos de pandemia, todo tipo de atención médica y hospitalaria debe ser pública, universal y gratuita.
La Administración central tiene totalmente asumida la lucha contra la pandemia, sin reparar en gastos y sin límite alguno para disponer de los recursos necesarios en la gestión de esta crisis, y son los ensayos de detección del virus la herramienta imprescindible para impedir la propagación de la enfermedad y poner fin a esta tragedia que tan fuertemente nos está atacando.
Así que es inmoral hablar de regulación de precios, porque no cabe precio alguno por la prestación de un servicio que en estos momentos ha de ser gratuito, sin coste alguno para los usuarios. Es, pues, deber del ministro de Sanidad corregir este texto en el sentido de convertir los test en un bien básico de uso público, universal y gratuito, y que no sea un producto más de mercado. ¿Dónde queda la equidad y la igualdad en esta crisis?
