Se trata, según precisa el colectivo en un comunicado, de una venta similar de balas de cañón que ya se denunció al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en 2017 y que incluso se publicitaba por Internet “sin pudor ninguno”.
“En noviembre de 2017 la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía dio traslado al Ayuntamiento de Tarifa de la necesidad de establecer cautelas arqueológicas ante cualquier actuación que supusiera remociones del terreno, con la ubicación aproximada de las trincheras y baterías de sitio que las tropas francesas realizaron durante las navidades de 1811 en las zonas del Retiro y del Olivar, donde acamparon las fuerzas del general Leval en diciembre de 1811 en su intento por tomar la plaza de Tarifa durante la Guerra de la Independencia”, relata la asociación.
Las obras de urbanización previstas en esa zona de Tarifa afectaban a la denominada como batería número uno o de enfilada, con lo que la resolución de la Delegación Territorial de Cultura “parecía llegar justo a tiempo para que por parte del Ayuntamiento se exigieran las debidas cautelas arqueológicas a la empresa que entonces llevaba a cabo los trabajos de urbanización y apertura de un nuevo vial”.
“Lamentablemente –continúa ‘Tarifa 1812’–, para cuando la empresa de arqueología contratada por la promotora llegó a la parcela ya estaban los movimientos de tierra realizados. Allí no se veía nada, salvo una huella en un perfil que el propio arqueólogo ignoraba si podría vincularse con los acondicionamientos del terreno para las operaciones del sitio de Tarifa en el siglo XIX”.
Ha transcurrido un año desde entonces y el problema “parece que vuelve a reproducirse”, incide, pues “pese a que la Delegación Territorial de Cultura requirió en su momento al Ayuntamiento que, dado que es posible que aún se conserven en esa zona de Tarifa huellas de las obras realizadas por las tropas napoleónicas, así como balas de cañón, hebillas, botones y otros elementos propios de este episodio del intento francés de ocupar Tarifa en 1811, el Ayuntamiento debía establecer la necesidad de un control arqueológico en cualquier actuación u obra que se proyectase en los terrenos afectados donde se presume la existencia de estos vestigios militares, nada se ha hecho una vez terminada la urbanización y apertura del vial”.
