TCAM-SEVILLA/M.J.R.
La Junta de Andalucía modificará en 3.500 millones de euros el presupuesto de la Comunidad para 2012, en concreto aumentando en 1.000 millones la previsión de ingresos y reduciendo en 2.500 millones diversas partidas de gasto de las cuentas andaluzas, a través de medidas “reversibles y temporales”, entre las que ha citado la subida en los tramos autonómicos del IRPF y la reducción salarial en la Administración Pública, que afectará a altos cargos y empleados públicos de la Junta.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado este plan económico-financiero de la Junta de Andalucía para cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento y que la consejera argumenta que es “efecto de los recortes planteadas desde el Estado”, se va a remitir esta misma tarde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Incluye, entre otras medidas, el “ajuste” en un cinco por ciento del sueldo de presidente de la Junta, consejeros y viceconsejeros, así como una bajada en los complementos y retribuciones de carácter variable de los empleados públicos, tanto funcionarios como interinos, en aras de “minimizar el impacto en el empleo público y evitar una pérdida”, para lo cual se articula una batería de medidas.
También habrá un aumento de 35 a 37,5 horas en la jornada laboral de empleados públicos en aplicación de la normativa básica estatal, habrá una reducción del número de altos cargos, se bajará el número de horas extraordinarias, y una reducción los complementos adicionales de pagas extraordinarias de junio y diciembre. También se limitarán las ayudas a sindicatos (se prevé un ahorro de diez millones de euros) y se modificarán aspectos, además del Capítulo 1, también en el Capítulo 2 y 4 del Presupuesto.
El ajuste en ese Capítulo 1 es de 777 millones de euros, según ha expuesto la consejera, quien ha anunciado que este viernes será convocada la mesa general de la Función Pública para trasladar a los sindicatos estas medidas y poderlo negociar adecuadamente. Ha señalado que los ajustes que afectan al personal de la Junta se llevarán a cabo de forma inmediata, destacando que estas medidas suponen “un esfuerzo solidario” del conjunto de trabajadores públicos que pretenden ser lo menos lesivas sobre la renta corriente, de manera que se centrarán fundamentalmente en las percepciones variables.
Tras referirse la disminución en un 50 por ciento de los delegados de la Junta en las provincias, lo que supondrá importantes ahorros operativos por economía de escala en la prestación de servicios, ha destacado la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos de la Junta (presidente, consejeros y viceconsejeros) con la administración central del estado y la reducción en un cinco por ciento en sus retribuciones.
La Junta ha adoptado una batería de medidas que afectan a retribuciones de empleados públicos para evitar el despido de unas 30.000 personas como consecuencia de la ampliación de la jornada laboral. Así, se dejarán en suspenso las distintas mejoras y ayudas aplicadas al personal funcionario y laboral (premios de jubilación, permisos de jubilación o contratos de relevo).
Asimismo, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre y se reducirán en el sector públicos instrumental aquellos complementos que, sin ser parte de la estructura salarial básica, permitan una minoración similar. También disminuirán un diez por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.
Habrá una disminución del número de horas extraordinarias, mientras que en el caso del personal interino y laboral temporal, se les reducirá en un 15 por ciento la jornada laboral y el sueldo, evitando así que se vean en la calle como consecuencia del aumento de jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales.
El Plan supone también un nuevo impulso a las medidas de eficacia y ahorro, manteniendo la calidad de los servicios. Concretamente, se plantea una reducción del diez por ciento adicional del gasto operativo en bienes y servicios de la administración pública, mediante la reducción del 50 por ciento de la flota de vehículos de altos cargos; la eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de los entes instrumentales –salvo presidente y consejeros–; bajada de un 50 por ciento adicional en la partida de información, divulgación y publicidad, y de un 15 por ciento adicional en arrendamiento y en lo referido a indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
En el ámbito del gasto sanitario, se avanzará en el programa de plataformas centralizadas de compra, una medida con la que se espera un ahorro estimado de cien millones de euros anuales. En el resto de áreas, se producirá una reprogramación de los proyectos previstos con el fin de establecer un nuevo horizonte de ejecución acorde con las disponibilidades presupuestarias actuales y no se iniciarán nuevas obras, sino de forma excepcional.
Aumentar los ingresos
En cuanto a las medidas para aumentar en 1.000 millones los ingresos, se incluyen varias de carácter fiscal, como la modificación en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5 por ciento en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros y al 25,5 por ciento para rentas de 120.000 euros en adelante, lo que supone un incremento de un punto. Ha señalado que el incremento de recursos de esta medida tendrá impacto a partir del año 2014.
También se prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida a las comunidades, quedando fuera el gasóleo de uso agrícola. Se va a incrementar además el tipo de gravamen general de actos jurídicos documentados, pasando del 1,2 al 1,5 por ciento, y en lo que respecta a la tasa fiscal sobre el juego se aumentará la tarifa para maquinas recreativas.
Otras medidas para lograr ingresos consisten en un plan de optimización en la recuperación de un tercio de la cantidad entregada en concepto de adelanto de fondos europeos, así como el mantenimiento de medidas como venta y alquiler de activos patrimoniales, el llamado ‘sale and lease back’ (con una previsión de obtener 350 millones por esta vía). La Junta también espera obtener ingresos adicionales a través de la lucha coordinada con el Gobierno contra el fraude fiscal.
Para la consejera, este plan que se presentará al ministerio es “equilibrado, justo y equitativo” y con él se da respuesta a las exigencias del Gobierno central, mientras que no se ve afectado el núcleo de “nuestro modelo de prestación de servicios” públicos.
Martínez Aguayo ha señalado que los principios que ha tenido la Junta para tomar sus decisiones es la preservación del sistema educativo, por lo que Andalucía no incrementará la ratio de alumnos por aula; buscar el máximo mantenimiento del empleo público, optando por otras alternativas, ya que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 motivaría “sin más” el despido de unas 30.000 empleos, y pedir un esfuerzo “temporal y solidario del conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales”.
Ha indicado además que si el Gobierno cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía y estuviera dispuesto a reconocer los 1.504 millones de euros que la propia Intervención General del Estado ha reconocido como menores inversiones en la comunidad en los años 2008 y 2009, el ajuste del gasto hubiera sido exclusivamente de 1.000 millones de euros.
Ratio de alumnos por aula
Por otro lado, la Junta de Andalucía no incrementará la ratio de alumnos por aula en los centros educativos andaluces, y va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) tanto el aumento de la jornada lectiva del profesorado como el decreto que establece el copago en el ámbito sanitario. Martínez Aguayo ha abogado por “preservar el sistema educativo” y ha insistido en varias ocasiones en que no se incrementará la ratio de alumnos por aula porque no es de obligado cumplimiento, sino que es opcional.
En el citado plan económico-financiero sí se contempla, porque es de “obligado cumplimiento”, el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales para el personal de la administración de la Junta (incluido el profesorado), mientras que, según la consejera, no se contempla en ningún incremento de tasas universitarias.
En este sentido, ha anunciado que la Junta va a recurrir ante el TC el Real decreto de medidas urgentes de racionalización del sector público en el ámbito educativo, donde se establece el incremento de la jornada lectiva del profesorado, así como el decreto del Ejecutivo central que establece el copago en el ámbito sanitario, al entender que “invaden competencias autonómicas y que son inconstitucionales”.
Según ha señalado la consejera, los Servicios Jurídicos de la Junta están trabajando en estos momentos en esos recursos ante el Tribunal Constitucional.
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
