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Setenta bloques de hormigón C40, de dos toneladas de peso cada uno, tienen la culpa del último e inesperado conflicto diplomático con Gibraltar. Un problema que ha registrado niveles de violencia verbal desconocidos y que ha ocupado el mes de agosto al completo. Quienes lo interpretaban como una serpiente de verano puede que se equivoquen: hay una visita de expertos de la UE programada para septiembre, un aluvión de quejas, decretos y sanciones anunciadas por España y la determinación de Gibraltar de seguir adelante. Y hay una segunda fase prevista en el área de conflicto con la implantación de bloques de hormigón que pesan 12 toneladas, seis veces más que los actuales.
Así que, posiblemente, el último bloque de hormigón está por caer en la zona de conflicto y es de esperar que España se lo tome como una nueva agresión. El próximo modelo de bloque es mucho más voluminoso, de igual estructura a los que España instaló, por ejemplo, en el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre Nerja y Almuñecar, en 1994, con una mayor red de huecos, destinados exclusivamente a atraer fauna marina. El plan fue diseñado por expertos y aprobado por las autoridades gibraltareñas en enero de 2013. Entre una fase y otra del proyecto puede pasar hasta un año. Gibraltar tiene la intención de seguir adelante con un plan diseñado con todo detalle.
El arrecife conflictivo, denominado Arrecife Noroeste por el Gobierno de Gibraltar, tiene sus antecedentes en un acuerdo firmado el 22 de mayo de 2012 entre Gibraltar y los máximos representantes de las cofradías de Algeciras y La Línea. Dicho acuerdo prevé la formación de un grupo de trabajo conjunto para buscar soluciones que mejoren la fauna marina de la bahía. Cada parte se comprometía a designar cinco expertos. Gibraltar puso a profesionales de perfil técnico, entre ellos a dos consultores expertos en pesca, Chris Tydeman e Indrani Lutchman, de nacionalidad británica. España optó por colocar a un patrón de barcos (Pedro Maza), a un abogado (José Gabriel Frías) y a tres representantes de las cofradías.
¿Por qué España no puso a persona con un perfil técnico? El abogado José Frías reconoce que nadie de la administración podía participar en un grupo de este tipo. “No sé por qué”, responde. Otras fuentes añaden que el Gobierno no tenía ningún interés en que el grupo prosperara. Frías recuerda que se pudo avanzar en algunas cuestiones, pero que el 15 de agosto “el asunto se rompió de la noche a la mañana”. “Todo quedó supeditado al informe técnico”. Frías no recuerda cuál fue la razón exacta de la ruptura.
La pesca en la bahía de Algeciras es irrelevante e irrisoria, según los científicos
Pedro Maza tampoco da una explicación de porqué la parte española no colocó a ningún científico para participar en los trabajos, y se limita a acusar a Fabian Picardo del fracaso de la situación: “El 3 de agosto no se habló de medio ambiente y pesca, sino de soberanía y jurisdicción. Y punto. A Picardo se le escapó que estaban dispuestos a aplicar la legislación comunitaria siempre y cuando aceptáramos pescar con licencias de Gibraltar. Y ahí lo dijo todo”.
A pesar del desacuerdo, los consultores pusieron en marcha el informe y contactaron con Ignacio Sobrino, director del Centro Oceanográfico de Cádiz. Sobrino reconoce haber recibido la visita de Indrani Lutchman el 7 de agosto de 2012. “Es una experta en evaluación de recursos pesqueros. Estuvo visitando las lonjas y venía un poco despistada. Le facilitamos todos los datos: lo que quedó claro es que con la información disponible es casi imposible hacer una evaluación de la zona. No se sabe qué pescado es de la bahía, porque hay barcos que capturan entre La Línea y Estepona. La venta no está desagregada, no se sabe de qué caladero es cada pescado”. Sobre su opinión acerca de la pesca en la bahía de Algeciras, Sobrino manifestó que es “irrelevante”. Otras voces científicas españolas sostienen que no tiene sentido que Gibraltar haya provocado una polémica pesquera por unos caladeros “irrisorios”, que nadie tiene en cuenta.
El informe terminó realizándose. Tiene 132 páginas y hace alusión a que la parte española está condicionada por cuestiones políticas para ignorar la legislación gibraltareña. Establece 32 recomendaciones y concluye que “ambas partes utilizan los caladeros y las aguas como un sujeto de disputa sobre soberanía”. Manifiesta que elstock de especies muestra un evidente declive desde hace décadas. El texto critica los efectos negativos de depósitos tóxicos en las inmediaciones del puerto y de los niveles de oxígeno en las aguas de zonas colindantes. También pone en evidencia “la falta de conocimiento y experiencia del Gobierno de Gibraltar en materia pesquera”. Advierte de que hay que vigilar la pesca comercial, la actuación de buceadores sin control, el avistamiento de delfines también sin control, e incluso ciertos tipos de pesca recreativa.
Reconoce que con tres millas de aguas territoriales poco se puede hacer, así que hace una recomendación muy curiosa: “Para hacer una política efectiva de conservación del medio marino, Gibraltar debería extender sus aguas territoriales a 12 millas”. También hace una curiosa alusión al trabajo de la policía de Gibraltar, responsable de la vigilancia de las zonas pesqueras, y dice el informe que esta policía “no debería tener que hacer frente (desarmada) a los barcos armados de la Guardia Civil”.
¿Recomienda un arrecife artificial? No expresamente, pero sugiere su posible expansión en el punto 13. Este informe es el que, según el Gobierno de Gibraltar, da pie a la decisión de instalar un arrecife. El proyecto del arrecife se presentó en el mes de enero de 2013 y en el estudio preliminar se contemplan todas las directivas europeas en materia medioambiental. Se elige la zona noroeste “por la existencia de praderas marinas” tiempo atrás, por su composición arenosa, porque no habita ninguna especie protegida y porque no está en medio de una ruta marítima, zona de exclusión militar o de recreo. La fase 2 del plan prevé la plantación de pastos marinos y la colocación de al menos dos nuevos bloques, estos de 12 toneladas cada uno, seis veces más grandes que los que han causado la discordia. La fecha no está señalada, pero el Gobierno de Gibraltar no tiene pensado desistir. Quizás el ministro Margallo tenía razón: el recreo se ha acabado.
