IAM/Redacción Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido de la inviabilidad del proyecto turístico que se está anunciando en La Línea de la Concepción en la finca San Antonio, justo en la zona de “terreno forestal incendiado este verano”, con lo que el citado proyecto no cumpliría los requisitos contemplados en la normativa para que se aplique la excepción de cambio de uso de esos suelos “antes de que transcurran 30 años”.
El portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, ha expresado a Europa Press su “indignación” ante el hecho de que “tanto los promotores como el propio Ayuntamiento linense estén engañando a la gente con la promesa de entre 2.500 y 3.000 empleos” que supuestamente se generarían con dicho proyecto, cuando, según ha insistido, “no tiene ninguna posibilidad de prosperar” atendiendo a lo establecido en la Ley de Montes.En este sentido, Muñoz ha explicado que en las últimas fechas se han publicado en medios locales del Campo de Gibraltar varias informaciones en las que se indica que la compañía Novarent plantea un proyecto hotelero y urbanístico en algo más de 60 hectáreas de la finca San Antonio, en suelo que el Ayuntamiento señala como “no urbanizable” y que está a expensas de la futura revisión del PGOU.Responsables de la compañía han detallado a los medios que lo que pretenden desarrollar es una ‘Ciudad inglesa’, que contaría con hoteles de cuatro y cinco estrellas y más de medio millar de apartamentos turísticos, entre otros equipamientos.
Según han sabido los ecologistas por la prensa, Novarent habría presentado el anteproyecto y el documento de evaluación ambiental estratégico al Ayuntamiento para que lo eleve a la Junta, de manera que ésta pueda informar sobre la viabilidad y la posibilidad de incluirlo en el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).Por ello, Verdemar ha registrado un escrito en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicitando información sobre el anteproyecto entregado por Novarent 2014 Socimi, S.A. para la construcción de ‘La ciudad inglesa de Venta Melchor’ “en terrenos actualmente de suelo no urbanizable”. También pregunta sobre el estudio medioambiental.Un proyecto turístico “imposible”Verdemar ha considerado que esto responde a un “intento de pelotazo urbanístico” y ha lamentado que, “de alguna manera, el Ayuntamiento esté contribuyendo a engañar a la población al hablar de los supuestos miles de empleos que irían vinculados a un proyecto turístico que, aplicando la legislación, es prácticamente imposible”.
Al hilo de ello, ha incidido en que ‘la ciudad inglesa’ se desarrollaría “en pleno quemado” del incendio que se produjo en verano de 2016 en La Línea, con lo que no tendría “ninguna posibilidad de prosperar”.De hecho, según la Ley de Montes, concretamente en el artículo 50.1 de la Ley 21/2015, de 20 de julio, las comunidades autónomas deben garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, con lo que queda prohibido el cambio de uso forestal “al menos durante 30 años” y también “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal” durante el tiempo que determine la legislación autonómica.
Con carácter singular, las comunidades autónomas pueden acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, “con anterioridad al incendio”, el cambio de uso estuviera previsto en un instrumento de planeamiento previamente aprobado, pendiente de aprobación o una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.Asimismo, y con carácter excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal “cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias adecuadas”.
Además, los ecologistas han indicado que en este asunto también es de aplicación, por analogía, lo dispuesto en el Manual de Interpretación de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, que recalca que no pueden considerarse de interés público “los proyectos que redunden totalmente en interés de empresas o de personas”, al tiempo que aclara que “los intereses económicos o de otra índole a corto plazo no pesan más que los intereses de conservación a largo plazo”.
Finalmente, Verdemar ha subrayado que de lo que se trata es de garantizar el escrupuloso cumplimiento de la normativa para que “no pueda transformarse el uso del suelo con fines especulativos urbanísticos o de otro tipo injustificables para el interés público”.
