El colectivo ecologista ha remitido escritos en este sentido, a los que ha tenido acceso Europa Press, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz.En dichos escritos, Verdemar pone de manifiesto el inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto relativo a la construcción de un rompeolas para la futura marina en el lado este de la colonia, vinculado al proyecto principal ‘Cabo Privilegiado’ (Cape Vantage, Sovereign Bay o Eastside Project).Expone que el citado proyecto ha superado la fase de determinación del contenido mínimo necesario del Estudio de Impacto Ambiental, previo a la apertura del trámite de información pública. Señala que así se infiere del contenido de la agenda de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno de Gibraltar celebrada el pasado 177 de diciembre.Impactos ambientales transfronterizosA juicio del colectivo ecologista, son “evidentes y significativos los impactos ambientales transfronterizos que generaría”, siendo de especial importancia la afección al Lubar de Interés Comunitario (LIC) Estrecho Oriental y, en particular, sobre las poblaciones de ‘Patella ferruginea’ –especie en peligro crítico de extinción y con igual protección que el lince ibérico– localizadas en la cara este del Peñón, “a escasos metros del proyecto referido”.Por ello, entienden que resulta “del todo necesario” que España participe en dicho procedimiento una vez se inicie su tramitación, “en aras de salvaguardar la integridad ambiental de su territorio anexo y de la salud pública de los vecinos de la comarca del Campo de Gibraltar”.Resalta Verdemar-Ecologistas en Acción que esto “no es incompatible con la reclamación de soberanía sobre las aguas concernidas, con empleo de las fórmulas convencionales que dejen a salvo tal demanda”.En su escrito, detallan que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece esta potestad en su artículo 50 sobre consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental.Entre otras cuestiones, recoge que “cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o una comunidad autónoma considere que la ejecución de un plan, programa o proyecto de otro Estado pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente español, solicitará a dicho Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que se le notifique la existencia del plan, programa o proyecto, y el procedimiento de adopción, aprobación o autorización al que está sujeto para poder valorar la voluntad de participar o no en la evaluación ambiental correspondiente”.
También aluden al artículo 7 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.“Hipocresía” del Gobierno sobre GibraltarPor otra parte, Antonio Muñoz, portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, ha criticado la “hipocresía” y “actitud engañosa del Gobierno de España” en relación a los proyectos constructivos e industriales que se desarrollan en Gibraltar.Según ha explicado a Europa Press, esta queja viene a colación de la batería de preguntas formulada a finales de marzo por los europarlamentarios del PP Luis de Grandes y Francisco Millán respecto a varias actuaciones en el Peñón, entre ellas los rellenos para la instalación de una nueva central eléctrica en el muelle norte de la colonia.Expresa su “sorpresa” y “profundo rechazo” a esta actitud, pues el colectivo ecologista lleva “meses” dirigiendo solicitudes a los ministerios de Asuntos Exteriores y Medio Ambiente para que participen en las evaluaciones de impacto ambiental de ese y otros proyectos, a lo que les faculta la normativa comunitaria y nacional.
Sin embargo, el Gobierno “no ha dado paso alguno” en este sentido, haciendo “una clara dejación de funciones”.Por ello, opina que “no es de recibo” de que por parte del PP se pretenda “dar la falsa impresión de que se preocupan por los intereses ambientales y de salud público de los vecinos españoles, cuando no ejercen su facultad de intervenir”.Anuncia que estos “incumplimientos” han motivado que la organización prepare una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que también harán extensiva al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya que “la Junta de Andalucía también ha hecho oídos sordos”.Asegura que, salvo en una ocasión, la Junta responde a las solicitudes que se reclame al Gobierno central, si bien la Administración autonómica “también está facultada por la legislación vigente” para actuar.
