Según ha explicado a Europa Press el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, poseen nuevos datos con los que están ampliando una denuncia relacionada con el agua en la comarca que ya presentaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente en marzo de 2012. Asegura Muñoz que el Ayuntamiento algecireño está “cobrando” a los ciudadanos por el abastecimiento de agua en alta que consideran que está “robando del Parque de Los Alcornocales y de la zona del Bujeo”, ya que “ha caducado la concesión” que tenían para extraer agua de dichos arroyos. Abunda que el Consistorio está “vendiendo agua a los ciudadanos como si la estuviera comprando a la empresa Argisa (Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A.”, que integra todos los servicios urbanos que gestiona la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Sin embargo, sostienen que “sólo compran a la empresa el 44 por ciento del agua y alrededor del 56 por ciento la están tomando de las captaciones” antes señaladas. Por tanto, “están robando a los ciudadanos y al patrimonio natural”. En este sentido, indica el portavoz ecologista que a principios del pasado mes de abril presentaron sendas denuncias ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz que ratificaba otras presentadas en enero y mayo de 2013 relativas a la utilización de manantiales de la Garganta del Capitán y del Bujeo por parte de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Algeciras (Emalgesa). Argumentaba en sus denuncias, a las que ha tenido acceso Europa Press, que la decisión de extraer aguas de dichos enclaves para el abastecimiento urbano y dejarlo “con un volumen muy inferior a su caudal ecológico es manifiestamente ilegal, además de un auténtico sinsentido que no se sostiene desde el punto de vista ambiental ni desde la seguridad hídrica”. Sostienen que Algeciras tiene “más que asegurado el suministro sin tener que recurrir a aportes extraordinarios de manantiales del Parque Natural de Los Alcornocales”, subrayando que “prescindir del agua embalsada únicamente por motivos económicos y literalmente destrozar un río en un espacio natural protegido para proteger a una empresa semiprivada –en alusión a Emalgesa– es inadmisible”. Detallaban las denuncias que debido a las captaciones en dichas zonas “están siendo afectadas” una serie de especies y endemismos de flora y fauna, algunos de ellos protegidos e incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, entre los que cita Gomphus graslinii, Oxygastra curtissii o la Macromia splendens. Abundan que de continuar estas captaciones, si se concatenasen varios años de sequía consecutivos se produciría “una catástrofe ecológica en el arroyo, ya que moriría toda la vegetación de ribera”. Además, destaca Verdemar que el 8 de mayo de 2013, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente declaró la caducidad de la concesión temporal que el Ministerio de Obras Públicas otorgó en 1962 al Ayuntamiento de Algeciras para extraer agua del arroyo Garganta del Capitán en tanto que se terminaban las obras de abastecimiento definitivo dentro del plan de aprovechamiento integral de los ríos Guadarranque, Hozgarganta y Guadiaro. Dichas obras finalizaron hace años, por lo que entiende que existe recursos regulados suficientes y las infraestructuras necesarias para atender a la totalidad de la demanda de la población. Así, declaraba la caducidad de la concesión temporal, apuntando que “redundará en una mejora de la garantía y calidad de abastecimiento de agua potable a la población” y en la “recuperación de los valores naturales y paisajísticos de la Garganta del Capitán”, al que se refiere como un “entorno de gran valor incluido en el Parque Natural de Los Alcornocales”. Por otro lado, destaca Verdemar que “se le esta cobrando a la gente en Algeciras un canon por depuración de agua y, sin embargo, el 40 por ciento de las aguas residuales están conectadas a la red de pluviales”. Así, afirman que hay varios puntos de vertidos que “no van conectados a la red de aguas residuales y que no tienen ningún tipode depuración”. Consideran que todo esto implica “un daño ecológico y un robo a los ciudadanos y al patrimonio natural”, por lo que han recabado nuevos datos que incorporarán a su denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente a fin de que se investiguen los hechos relatados y se depuren responsabilidades.
