UPyD comarcal apoya la manifestación por la educación pública

TCAM-ALGECIRAS/REDACCIÓN

Para la formación magenta, la causa de que se haya llegado a una situación crítica en el ámbito educativo se encuentra en la incapacidad y falta de voluntad de los partidos políticos tradicionales para llegar a acuerdos de Estado. De ahí que los sucesivos cambios de Gobierno hayan venido acompañados de cambios en la legislación educativa básica, dando lugar a un permanente estado de inestabilidad normativa. A ello hay que añadir la disgregación derivada de la cesión a las comunidades autónomas de las competencias en educación, que ha ido provocando la división del espacio educativo español en 17 subsistemas diferentes.

En este sentido, María Jose L. Petisme, responsable local de Relaciones Sociales en UPyD, ha recordado que, en su manifiesto fundacional, la formación magenta ya declaraba como uno de sus objetivos primordiales promover cuantas medidas políticas aumentaran y reforzara la calidad de la educación pública laica.

El Consejo Local de UPyD ha subrayado que la educación es un derecho universal y el pilar fundamental del futuro de una sociedad y, por tanto, no son aceptables medidas que tienden a debilitar la educación pública para potenciar la privada o concertada. “Nos parece inaceptable que se reduzcan los presupuestos destinados a la enseñanza pública, mientras no se recortan otras partidas mucho más prescindibles y se ingresan grandes cantidades de dinero en el sistema financiero”, ha rematado Petisme.

De otro lado, la formación liderada por Rosa Díez ha querido recordar que ha presentado ante el Congreso de los Diputados un proyecto no de ley proponiendo la fusión de universidades en base a criterios académicos, demográficos y de demanda. “Proponemos un modelo descentralizado, pero de una única universidad similar a la institución académica del País Vasco, porque funciona”, ha explicado Petisme.

El planteamiento de UPyD parte de que las 75 universidades que hay en España entre públicas y privadas son demasiadas y reducirlas, que no es que desaparezcan de las ciudades, sino minorar las entidades administrativas, permitiría ahorrar en gasto corriente y burocrático.

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