TCAM-SAN ROQUE/REDACCIÓN
El Ayuntamiento de San Roque, a propuesta de su alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, ha sido el primero de la comarca que se ha adherido al manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en defensa de la profesión periodística. La APCG, que quiere manifestar su satisfacción y agradecimiento por este acuerdo adoptado en la sesión plenaria celebrada ayer, remitió a todos los ayuntamientos de la comarca y a la Mancomunidad el texto del citado manifiesto con el ruego de adhesión al mismo.
La Junta Directiva de la FAPE acordó el pasado 6 de octubre solicitar a las instituciones públicas españolas (Cortes Generales, parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos de toda España) el apoyo a dicho Manifiesto “ante el deterioro generalizado del ejercicio profesional y las graves repercusiones que ello supone para el sistema democrático español”. Se trata de una medida enmarcada en la celebración, el próximo día 6 de diciembre, del Día de la Constitución Española y, para hacerla efectiva, la Junta Directiva de la FAPE ha pedido a todas sus asociaciones federadas que hagan llegar el Manifiesto a los grupos políticos representados en las distintas instituciones públicas españolas.
En la carta que la APCG ha enviado a ayuntamientos y Mancomunidad se afirmaba que “es una manera directa y eficaz de hacer partícipes a todas las instituciones del Estado de un problema general que afecta directamente a la propia esencia del sistema democrático y de pedir un debate y un compromiso público en defensa del periodismo y de la libertad de información”.
El Manifiesto subraya que la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación y que esa misma libertad queda dañada cuando se convocan ruedas de prensa sin derecho a preguntas.
Por ello, el texto defiende que es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores; que la supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a la inmoralidad y a la ilegalidad; que el derecho de información y la libertad de expresión pierden fuerza y eficacia cada vez que desaparece un medio y que unos periodistas mal pagados difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes.
Además, concluye que el elevado nivel de paro en el sector está propiciando que los editores abonen cantidades humillantes a sus colaboradores; que los Gobiernos y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando empresarios sin escrúpulos quieren convertir un espacio de libertad en un taller de esclavos; que el futuro del periodismo está en la calidad del contenido que elaboren los periodistas; que las administraciones tienen que incentivar los proyectos de los periodistas emprendedores; que la defensa de la libertad de prensa y el ejercicio de un periodismo digno atañe también a las instituciones y a los ciudadanos.
