De hecho, CSIF considera que las administraciones públicas han de realizar un esfuerzo para potenciar este servicio y adaptarse a la demanda de la población actual. Y es que la provincia de Cádiz cuenta con casi 500 bomberos del Consorcio provincial, mientras que la Unión Europea, en sus recomendaciones sobre este asunto, establece una ratio de un profesional por cada 1.000 habitantes: esto es, si Cádiz cuenta con 1.200.000 habitantes aproximadamente, debería haber 1.200 bomberos en total.
Este déficit ocasiona a menudo situaciones de inseguridad tanto para la ciudadanía como para los trabajadores, vulnerando incluso la ley de prevención de riesgos laborales. Es el caso de municipios medianos y pequeños, en los que los turnos (guardias) se organizan con tres bomberos (y si hay alguna baja, ésta no se cubre), como ocurre en Tarifa, Conil, Medina, Villamartín, Arcos, Jimena, San Roque.
El responsable del sector de Administración Local de CSIF Cádiz, Francisco Silvestre, explica que una guardia debe contar siempre con personal suficiente para “cubrir a quienes actúan, por ejemplo, directamente en un incendio, permaneciendo fuera para coordinar el trabajo y, por si fuera necesario, entrar a rescatarlos en casos extremos. Pero con tres bomberos, o a veces, solo dos, esto resulta imposible”. Además, con este número de bomberos disponibles por guardia, el municipio se queda absolutamente desprotegido si surge cualquier otra incidencia, teniendo que recurrir un equipo de otra localidad cercana, con el retraso que supondría y el riesgo que conlleva, teniendo en cuenta, para más inri, la enorme extensión de muchos términos municipales de la provincia.
Por otra parte, desde CSIF se espera que, con esta ley andaluza de emergencias, se solucione por fin el problema de Barbate, pues es el único Ayuntamiento de toda la provincia que no está en el Consorcio, y tiene a toda su plantilla como personal laboral, cuando por ley, todos los bomberos han de ser funcionarios de carrera, y con la condición de agentes de la autoridad (algo que no se admite para el personal laboral).
Por todo ello, Silvestre subraya que “la realidad actual de los servicios de Bomberos en nuestra provincia hace necesario que se establezcan de forma urgente unas dotaciones mínimas de intervención que eliminen estas situaciones precarias”.
Por último, el sindicato aspira a que la modificación de la futura ley de emergencias ponga también las bases de cara a una formación de este colectivo regulada por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), así como para la coordinación de las unidades caninas y de rescate ante derrumbes o seísmos.
