IAM/Redacción El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras ha dado respuesta a Podemos en relación a su demanda por la obstrucción permanente del alcalde, José Ignacio Landaluce, al acceso de los concejales de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) a la información pública que reclaman en los últimos años sobre asuntos que son de interés de la ciudadanía. (Foto Alejandro Gallardo).
En una notificación escrita fechada hoy 24 de octubre, el titular de la sala da al alcalde un plazo de cinco días para que, “con carácter urgente”, proporcione la documentación que viene siendo solicitada en los últimos meses por el grupo municipal auspiciado por Podemos, solicitudes antes las que el equipo de Gobierno del PP no hace más que interponer todo tipo de trabas.Esta resolución judicial da un ultimátum a Landaluce después de muchos meses de reclamaciones en el ámbito administrativo, ninguna de las cuales fueron atendidas. Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido que intervenir para pedir que se faciliten las facturas que se están pagando a los proveedores municipales, y también el silencio ha sido la respuesta.El portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, resalta que “en ningún momento hemos querido hacer uso de este recurso para judicializar la vida política. Es lo último que hubiéramos deseado hacer. Pero el desprecio permanente del alcalde a las peticiones de información de nuestro grupo municipal y el resultado nulo de nuestras reclamaciones para que nos atendiera nos ha obligado a acudir a esta vía”.De hecho, los concejales de ASSP, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, ya ofrecieron el pasado 21 de septiembre una rueda de prensa para pedir públicamente al alcalde que diera respuesta a sus reclamaciones de documentación pública, y advertían entonces de que se verían obligados a acudir a los tribunales en caso de persistir la actitud del primer edil.Podemos destaca en su denuncia que la negativa permanente de Landaluce y el equipo de Gobierno del PP a dar información que debe ser pública para los ciudadanos supone que se “está vulnerando el artículo 23 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.La documentación que la formación morada lleva meses esperando del equipo de Gobierno son los informes de no afección del cauce del arroyo Cachón por los movimientos de tierra del Grupo SAM, el cumplimiento del pliego de condiciones del servicio de Playas y el listado de las facturas pagadas y pendientes de pago a los proveedores de servicios del Ayuntamiento.Alejandro Gallardo espera que la notificación del juez “haga que el alcalde deponga su actitud antidemocrática y de falta de respeto al derecho de los ciudadanos a estar informados” y lamenta que “el despotismo de este alcalde nos haya obligado a acudir a los tribunales y que haya tenido que ser un juez el que intervenga para exigirle que cumpla con sus obligaciones al frente de una institución democrática”.
