IAM/Redacción Este 28F miembros de “Algeciras Sí Se Puede” han acudido a las movilizaciones de Sevilla para protestar contra el colapso en las urgencias de nuestro Hospital Punta Europa, la reducción del número de camas y el cierre de plantas, y en general, por la situación de recortes y precariedad de nuestro hospital.
También han arropado a los compañeros y compañeras de la Plataforma Antidesahucios del Campo de Gibraltar (PAH), que han sido premiados con las medallas alternativas de “reconocimiento a la dignidad” por su lucha contra la exclusión social. Este reconocimiento ha venido de las manos del Sindicato CGT que en este día de Andalucía se ha movilizado con un lema “Caminado juntas hacia la utopía” para protestar contra los recortes de la Junta, contra la privatización de los servicios públicos y entregar estas medallas alternativas de “reconocimiento a la dignidad” de 2015.Si ya había bastantes razones en Andalucía para salir a calle el 28 de febrero, la última la ha dado el Gobierno aprobando el viernes en Consejo de Ministros el denominado Real Decreto Ley de de Segunda Oportunidad. La norma va a permitir, en casos muy concretos, la opción de la dación en pago para los particulares que no puedan hacer frente a sus deudas. Pero su alcance se prevé muy limitado, porque la nueva normativa, según fuentes del Ministerio de Economía, es “suficientemente prudente como para no quebrar el sistema financiero” y está concebida para personas que lo hayan “perdido todo, liquidado todo y aun así, dejado deudas”.No se trata, por tanto, de una dación en pago generalizada. Se quieren prevenir las “insolvencias estratégicas”, en las que el deudor elige qué activos se liquidan para no hacer frente a sus compromisos. La dación en pago sólo va a ser posible tras la liquidación total del patrimonio del deudor, una vez embargados desde la casa hasta el coche o la nevera; sólo se librarán los bienes inembargables que establece la legislación.Esta ley de Segunda Oportunidad es un engaño. Una solución mentirosa y de última instancia, que deberá determinar un juez en el marco de un concurso de acreedores. El alcance real de esta medida será muy limitado, pues la última estadística concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que en 2014 apenas se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) 646 personas físicas sin actividad empresarial. Qué se marchen ya, porque esto no hay quien lo aguante.
