Hasta ahora la recaudación de los tributos locales la realiza el Servicio de Recaudación de la Diputación de Cádiz, porque en el año 1997 se suscribió un Convenio de Gestión Recaudatoria entre Ayuntamiento y Diputación, que fue prorrogado diez años más por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento el día 31 de octubre de 2014.El Partido Popular antes de plantearse el rescate de la recaudación de los tributos locales, debería analizar qué ha ocurrido y de quién es la responsabilidad de esa mala gestión.
Además los tribunales de Justicia en repetidas sentencias desde 2008 establecen que las funciones desarrolladas por los trabajadores de las oficinas de recaudación de tributos están reservadas a funcionarios públicos, con lo que cierra las puertas a una privatización encubierta de estos servicios como quiere hacer el PP con una empresa de antecedentes “gilistas”. “Algeciras, Sí Se Puede” ha analizado las estipulaciones objeto del Convenio entre Diputación y Ayuntamiento, y hay una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento para coordinar, decidir y proponer las actividades necesarias para la buena ejecución del Convenio. Pero esta Comisión no se ha reunido nunca oficialmente, los temas se trataban en pasillos y escaleras para no dejar actas de una deficiente gestión.En estos años no se han depurado los censos tributarios, sobre todo en ejecutiva, por lo que encontramos más muertos que vivos e importantes ausencias en el censo catastral.
Esta gestión había sido asumida por la Diputación previo Convenio entre el Ayuntamiento y la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.Además, cómo ha podido el Ayuntamiento aceptar que el 50% de la recaudación en periodo de ejecutiva más el 50% de los intereses de demora recaudados pasen a la Diputación, conociendo que en el trámite de la ejecutiva es donde más se recauda, pues lleva un recargo -impresentable-, y que casi en su totalidad se queda en las arcas de la Diputación (de los 400 millones de recaudación anual, unos 100 millones son por vía ejecutiva, y el cálculo del recargo está en torno a los 20 millones de euros).El Ayuntamiento también ha estado recibiendo anticipos a cuenta de la recaudación en periodo voluntario de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y Actividades Económicas y de la recaudación previsible de los restantes tributos e ingresos de derecho público por encima del porcentaje establecido y correspondiente a varios ejercicios, lo que incumple las estipulaciones del Convenio y roza la legalidad vigente.El PP no ha explicado todavía por qué cuando llegó hace cuatro años a la Diputación paralizó la tramitación del expediente sancionador al funcionario -Jefe de unidad- responsable de la gestión de la Oficina de Algeciras, que actuaba como director de la misma, donde se detallaban irregularidades por un importe aproximado a los 35.000 euros. Y sin embargo, ahora la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado lo está haciendo de oficio según el BOE de 27 de octubre de 2015. “Algeciras, Sí Se Puede” no ve en qué beneficia a la ciudadanía algecireña todo este entramado y la privatización del Servicio. Y por qué nadie habla de lo esencial: bajar los impuestos y/o eliminar esos indecentes, muy indecentes, intereses de demora con los que se castiga a personas que, tal vez, no hallan el modo de abandonar no la cola de la Oficina de Recaudación, sino la cola de la exclusión y la miseria. Y si el PP sigue por el camino de la privatización, en qué situación quedará el personal propio del Ayuntamiento o cedido por la Diputación para este servicio. Qué puede ocurrir con los servicios de Bomberos, el Centro de Tratamiento de Adicciones del Saladillo, el mantenimiento del Kursaal, el de las carreteras del Cobre y el Faro, etc., avalados por el actual Convenio de Recaudación. Y lo más importante, cómo se devolverán los anticipos millonarios recibidos de la Diputación, será con la operación de tesorería de 12 millones de euros del próximo Pleno municipal que endeuda más a los algecireños y algecireñas.