Las diputadas en el Congreso, Rosa Aguilar y Mamen Sánchez, se han comprometido en una reunión con cooperativas agrícolas de Conil y Vejer, afectadas por el conflicto del gasóleo bonificado, a solicitar una reunión al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y explorar un posible acuerdo entre el Ministerio y las cooperativas.
Durante el transcurso de una reunión a la que también ha asistido la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Eva Leal, las parlamentarias socialistas han presentado a los colectivos agrícolas las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al respecto, consistentes en una proposición no de ley y varias preguntas escritas.
Las cooperativas afectadas en la provincia de Cádiz se encuentran en los municipios de Conil, Vejer y Alcalá del Valle, y a algunas se le exige hasta 400.000 euros de sanción.
Según ha trascendido del encuentro con los cooperativistas agrícolas, el Ministerio se comprometió a paralizar las inspecciones pero hasta el momento- denuncian- éstas sólo se han paralizado en otras comunidades, pero no en Andalucía donde, todo lo contrario, están intensificándolas. Los cálculos del PSOE apuntan a que en Andalucía podrían verse afectados 300.000 agricultores y ganaderos y 50.000 empleos directos.Sánchez ha recordado que el Ministerio ha reconocido que no ha habido fraude y en este sentido, ha explicado que “la situación que se produce es la siguiente: el agricultor ha cogido gasóleo bonificado pero que no paga en el momento, sino que lo anticipa la cooperativa y cuando el agricultor vende la producción y consiga dinero, es cuando paga el gasóleo a la cooperativa”.
“El problema está en que Hacienda no admite que se haya hecho de esa forma y ahora exige la diferencia del dinero entre el gasóleo bonificado y el que no, más los intereses de demora”, indica.
Las representantes socialistas consideran que “la situación es totalmente injusta porque si el agricultor, hasta que no recoja la producción no tiene liquidez y los bancos tampoco se la dan, pero puede beneficiarse de formar parte de una cooperativa que le permite pagar más tarde, pues no se entiende donde está el problema”. Muchas de las sanciones “pueden suponer el cierre de la cooperativa”, han advertido, lamentando que Hacienda “vuelva a emplearse contra la parte más débil, en este caso del sector agrario, olvidando como siempre a los que más dinero ganan en este país”.
En la misma línea, critican que el ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y candidato del PP en las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, “no se haya pronunciado sobre este conflicto, ni haya ayudado en nada al respecto a un sector que pertenece a su cartera, doblegándose ante una imposición de Montoro”.
El Grupo Socialista presentó en el Congreso en abril una proposición no de Ley instando a “suspender con carácter inmediato” las inspecciones a las cooperativas agrarias por su actividad de distribución detallista de gasóleo bonificado, y donde se argumentaba que las cooperativas “han venido actuando conforme a la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales de 1995, utilizando la tarjeta-gasóleo bonificado como medio de pago”.
Pero las sanciones no sólo no han disminuido sino que se están intensificando, y es por eso por lo que, agotada la vía de las iniciativas parlamentarias, Rosa Aguilar y Mamen Sánchez se han comprometido hoy con los miembros de las cooperativas a pedir esa reunión al Ministerio.
“O se arregla el problema y la persecución recaudatoria con los más débiles que tiene este Gobierno, o mucho nos tememos que estas inspecciones puedan reproducirse en otros sectores como el pesquero”, han advertido.
