MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) –
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado el inicio de un procedimiento ante la Corte Suprema de Gibraltar tras la negativa del sindicato Manos Limpias a disculparse por acusarle de cómplice de contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.
Esta medida se produce tras finalizar el plazo dado por Picardo a Manos Limpias para que retirara la denuncia que presentó ante el Parlamento Europeo, se disculpase y le indemnizase económicamente por expresar unas acusaciones “completamente falsas y altamente difamatorias” y que expiraba a las 17,00 horas de este martes.
En un comunicado, el ministro principal de Gibraltar ha acusado también al sindicato de facilitar información “inexacta” y “engañosa”, ya que, según su versión, en ningún momento ha solicitado la retirada de la totalidad de la queja que Manos Limpias presentó ante el Parlamento Europeo sino únicamente de las “declaraciones difamatorias” citadas.
Asimismo, ha precisado que la indemnización que se solicita no tiene como objetivo su enriquecimiento personal sino que el importe de la misma será entregado a una organización sin ánimo de lucro.
Tras expirar el plazo fijado para una disculpa y retractación por parte de Manos Limpias de estas “acusaciones falsas y maliciosas” contra Picardo y el gobernador de Gibraltar, Adrian Johns, el ministro principal del Peñón ha anunciado el inicio de un procedimiento ante la Corte Suprema gibraltareña.
“El ministro considera que en el ejercicio de sus funciones tiene derecho a la protección de la ley contra esas acusaciones falsas y censurables y que ensucian el buen nombre de Gibraltar y de su pueblo”, ha señalado el Ejecutivo del Peñón.
El Gobierno gibraltareño ha hecho un llamamiento para que “prime el sentido común” y la “decencia” y tanto Manos Limpias como otros “detractores” de Gibraltar sepan distinguir “entre lo que es la crítica legítima y de buena fe –aunque infundada y jurídicamente viciada”, añade– y lo que no es”.
“Como político, Picardo acepta que haya personas que puedan desafiar las decisiones ejecutivas del Gobierno de Gibraltar en materia medioambiental en los foros internacionales apropiados pero no puede permanecer pasivo ante acusaciones falsas y maliciosas de conducta criminal de Picardo y del gobernador”, ha apostillado el Gobierno gibraltareño.
PETICIÓN A MANOS LIMPIAS
El ministro principal había solicitado a Manos Limpias que abone una suma “apropiada”, cuya cuantía se destinará a una organización benéfica, y le indemnice por los gastos ocasionados en el curso del procedimiento. Ello servirá para “reflejar y reconocer el grave perjuicio” causado en su reputación, así como el “daño, la angustia y la vergüenza” asociada a la publicación de esa denuncia.
Picardo, a través del bufete Hassans, reclama que el sindicato siga con “cierta urgencia” una serie de pasos, entre los que insta también a escribir a la Comisión Europea para presentar una “retirada adecuada y completa” de la denuncia que presentó por el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz). “Y una disculpa que deberá ser aprobada por nosotros en nombre de nuestro cliente”, añade.
Quiere también que el sindicato se retracte en su página web, retire de la circulación todas las copias del documento y tome las medidas urgentes para recuperar aquellas distribuidas. Además, pide que se comprometa por escrito a no volver a publicar alegaciones similares.
“Dichas acusaciones sobre la reputación de nuestro cliente son completamente falsas, altamente difamatorias y dolosas, y no existe ningún fundamento para ninguna de las alegaciones realizadas contra nuestro cliente”, señala.
Manos Limpias presentó hace unos días ante la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid una denuncia contra el mandatario “como responsable subsidiario y solidario al ser Gibraltar colonia inglesa”*por atentado al medio ambiente por el lanzamiento de los bloques de hormigón y en la que le acusaba de ser “cómplice, colaborador y cooperador necesario en contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, incluso desoyendo las comisiones rogatorias” que se les requieren de juzgados y tribunales”.
El sindicato reprochaba que estén “consintiendo y apoyando el ‘bunkering’, incumpliendo con las leyes de la Unión Europea, que declaró 23 hectáreas marinas LIC (lugar de interés comunitario)”.
