La causa cuenta con 88 imputados –40 de los cuales eran funcionarios públicos– y donde se investiga el pago de hasta 4,3 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro” a la empresa Fitonovo.En un auto fechado el 18 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por uno de los imputados en la causa, en concreto el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, contra el auto del 9 de junio en el que Mercedes Alaya decretó “la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción” de la Audiencia Nacional, tal y como le había solicitado la Fiscalía.En su auto, Alaya asevera que, en virtud de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “se puso de manifiesto la existencia de un entramado que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comienza en el año 2007 a compartir la dirección, asumiéndola en el año 2011, el cuñado del primero y tío del segundo, Juan Andrés Brugueras, encargado de una gran parcela de la contratación de esta empresa con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo”.‘Dádivas’ y ‘regalos’Al hilo de ello, la instructora señala que esta empresa, “a través de medios ilícitos, reconocidos por los anteriores en sus respectivas declaraciones judiciales, obtuvo continuadamente durante años la adjudicación de contratos públicos en distintas administraciones, bien mediante tráfico de influencias, mediante el pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos, o bien mediante concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados, bien ajenas mediante convenios entre ellas para repartirse el mercado, siendo el pago de dádivas el intrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaban para contratar con la Administración”.“El fraude, además, no solo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría, como así sucedía en muchos casos, como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados”, pone de manifiesto la juez en este auto consultado por Europa Press.La juez añade que “no se ha podido determinar aún el ilícito beneficio que habría obtenido Fitonovo de dicha contratación y ejecución fraudulenta, si bien en virtud del esfuerzo investigador de la UCO no sólo se han detectado los numerosos cohechos, sino la contratación que habría tenido lugar en virtud de los mismos”, punto en el que señala que “resta, entre otras diligencias, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, practicar una o varias periciales que pueden determinar el beneficio aludido”.4,3 MILLONES EN “DÁDIVAS” ENTRE 1995 Y 2013En este sentido, Alaya explica que, “para el pago de las ilícitas comisiones que se remontan al año 1995, y que alcanzan hasta el año 2013, se articuló en la empresa la creación de una caja B de la que salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4,3 millones de euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios”.En el auto, Alaya precisa que, “de la organización de la caja B, la cual especifica todos los pagos realizados con el máximo detalle, y de pedir las facturas falsas, se encargaba el hombre de confianza, Ángel Manuel Macedo”.De este modo, las administraciones públicas “afectadas” fueron el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta, el Ministerio de Fomento en las direcciones provinciales de Jaén, Huelva y Cádiz, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Algeciras, el Consistorio de La Carolina (Jaén), la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, la empresa pública Adif, en las gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, o la Administración autonómica de Canarias.Hasta 88 imputados, 40 de ellos, funcionarios públicosEl número de imputados asciende a 88, de los que 40 “eran funcionarios públicos”, indica la instructora, que añade que, de todo lo expuesto, “puede concluirse que las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo, que pueden constituir múltiples ilícitos penales”, como cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, falsedad documental, y asociación ilícita, “han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica, abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama”.Entre estos 88 imputados en la operación ‘Madeja’, que se inició en el mes de julio de 2013 y que se extendió finalmente a 12 provincias españolas, se encuentran los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García; el exconcejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y expresidente de ‘Unidad’ Manuel Gómez Lobo, o el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense Joaquín Peña (PP).
