TCAM-LOS BARRIOS/S.D.P.
Los componentes de la Junta de Personal y del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Los Barrios mantienen sus movilizaciones para exigir al Equipo de Gobierno barreño que se ponga al día cuanto antes de las nóminas que debe a los trabajadores municipales, las de marzo y abril, actualmente. La última protesta se ha realizado frente al CEIP San Isidro.
“El principal objetivo es que se paguen las nóminas atrasadas de marzo y abril y se eliminen las discriminaciones económicas que el PA ha generado con sus imposiciones”, manifiestan los concentrados.
“Existen otras cuestiones importantes como los tijeretazos a los empleados públicos, los recortes en derechos sociales, inexistencia de una valoración de puestos y de un convenio que garantice la paz social. A todos estos problemas posiblemente no se les dará solución nunca mientras tengamos al frente de una administración a políticos como el señor Romero, que hacen y deshacen a su antojo llegando a vulnerar las leyes en vigor, que parece ignorar a sabiendas de su existencia”, dicen los trabajadores.Por otra parte, desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa acusan al alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, de haber sido, presuntamente la “mano negra”, que emitió las supuestas órdenes para que desde la Jefatura de la Policía Local, se remitiese un informe a la Oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar de la Subdelegación del Gobierno, en el que se recogía que no se considera viable el conceder las concentraciones “debido que al ocupar el acerado implica que los alumnos y familiares tengan que hacer uso de la calzada con el consiguiente peligro de atropello”.Los concentrados manifiestan que “dado que se han autorizado otras manifestaciones en idénticos lugares para protestar por las obras del Colegio Luis Lamadrid, en las cuales se hacen ver algunos políticos, y dado que no se han emitido informes en contra por las Fuerzas de Seguridad, pensamos que se ha podido dar una imagen de la Jefatura de Policía Local politizada y carente de profesionalidad en el adecuado ejercicio de sus funciones”.Según afirman los sindicatos, a pesar de estos “desagradables inconvenientes” y una vez realizadas las gestiones oportunas por los representantes de los trabajadores, la Oficina de Coordinación ha procedido a actuar de forma correcta garantizando el derecho constitucional de manifestación, modificando su anterior resolución donde no se autorizaban las concentraciones en las puertas de los colegios a los representantes de los trabajadores, y en la que se ha acordado autorizar las mismas de manera que la puerta y acera de los mismos quede libre para el uso de los padres y alumnos. “Un uso que siempre han podido ejercer sin inconvenientes”, señalan los sindicalistas.