CCOO, a través de su Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha puesto en marcha a nivel estatal una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la privatización de los Registros Civiles a partir del 15 de julio de este año. Esta medida, que supondrá un nuevo paso en el desmantelamiento de lo público, fue aprobada por la mayoría absoluta del PP y cuenta con el rechazo de sindicatos, partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas. CCOO de Cádiz, en su apuesta por la defensa de los servicios públicos, se ha sumado a esta campaña y ha conseguido recoger unas 3.000 firmas en contra de esta medida de privatización que entrará en vigor a partir del próximo 15 de julio. La secretaria general de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez, enmarcó esta medida dentro del afán privatizador del PP, que pondrá en peligro 5.000 empleos ligados a la actividad del Registro Civil en todo el país, un servicio que dejará de ser gratuito, público y cercano a la ciudadanía. “No se puede hacer caja de lo público perjudicando a la ciudadanía”, aseguró.José Luis Sánchez, delegado sindical de Justicia de CCOO en el Campo de Gibraltar, explicó el proceso legal por el que la actividad recaerá en Registros Mercantiles y notarios, es decir, en empresas privadas cuyos trabajadores no son funcionarios. El delegado responsable de Cádiz, Javier Fernández, incidió en este aspecto: la medida dejará los datos personales y sensibles de la ciudadanía en manos de los empleados de PYMES, una “aberración” que ya ha sido denunciada ante la Unión Europea y que es “incoherente” con los argumentos que el mismo PP esgrimió para rechazar la reordenación del sector público en Andalucía.Según explicó, en la provincia se verán afectados por la privatización entre 50 y 100 funcionarios, que serán trasladados, e interinos que perderán su puesto de trabajo en los 14 Registros Civiles y 14 Juzgados de Paz. También denunció el actual funcionamiento de Registros como el de Chiclana, actualmente saturado. Para CCOO, este mal funcionamiento responde a una estrategia preconcebida del Gobierno para justificar su privatización. Los Registros Civiles que ahora serán privatizados son los encargados de llevar a cabo certificaciones obligatorias para todos y todas como la partida de nacimiento o defunción, la del DNI, la de matrimonio, fe de vida, etc.CCOO ve esta medida del PP como ideológica ya que se trata de sacar beneficio de lo público haciendo que la ciudadanía tenga que repagar a través de aranceles unos servicios que ya asumen con sus impuestos. CCOO va a intentar revertir esta medida mediante la puesta en marcha de esta ILP además de movilizaciones. En Cádiz, según anunció la delegada Araceli Camacho, habrá una concentración el próximo jueves, día 16, a las 12:00, ante el Registro de la capital gaditana (estadio Carranza). El sindicato espera poder presentar la ILP –para la que se necesitan 500.000 firmas- antes del verano.
