IAM/Redacción Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial –CCOO, CSI-F y UGT- quieren manifestar su “total apoyo” al trabajo que realizan los enfermeros y las enfermeras del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la única comunidad autónoma donde está regulada la dispensación enfermera a través del Decreto 307/2009, que define la actuación de este colectivo en el ámbito de la prestación farmacéutica y es el marco jurídico de referencia que permite a los profesionales de Enfermería la indicación de algunos fármacos y productos y, por tanto, agiliza y mejora la atención a las personas usuarias de la sanidad pública andaluza.
Por ello, estos sindicatos exigen que “de forma inmediata” se derogue el Real Decreto 954/2015 o al menos las medidas contenidas en el mismo que regulan el procedimiento de acreditación previo a la indicación y uso de los medicamentos y productos sanitarios, que son competencia de las comunidades autónomas y que se está conculcando por parte del Estado y por la “interpretación interesada” de algunos grupos que cuestionan que este colectivo pueda seguir desempeñando con normalidad las tareas que recoge el Decreto 307/2009.
Precisamente, este Decreto fue impugnado y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó su plena validez, por lo que es una evidencia que, desde su publicación, las enfermeras han ejercido las potestades que les da dicha norma jurídica “en perfecta armonía y colaboración con otros colectivos profesionales”, lo que ha proporcionado grandes beneficios para la ciudadanía, mejorando la calidad asistencial y la consolidación de un desarrollo profesional demandado por la profesión enfermera.
CCOO, CSI-F y UGT aseguran que el Real Decreto 954/2015 ha venido a interferir en las prestaciones que recibe la ciudadanía, ha menoscabado la realidad profesional de las enfermeras y la interpretación interesada del mismo, en el sentido de impedir la prescripción, y podría ocasionar un mal funcionamiento en los centros asistenciales y provocar malentendidos con el personal con quien que hasta el momento se ha realizado un trabajo encomiable en pos de la mejora de la continuidad asistencial. Asimismo, el RD estatal “pretende despojar” a las enfermeras de una acreditación adquirida de acuerdo con las normas y desarrollada al amparo de la legalidad vigente y, lo que es más preocupante, sin dar una solución al mantenimiento de esas competencias. Por todo ello, las citadas organizaciones sindicales consideran prioritario que se convoque un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde se acuerde elevar al Gobierno la más “enérgica protesta” por la publicación del Real Decreto 954/2015, al suponer una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, y expresan su apoyo a que el Decreto autonómico 307/2009 se aplique en la sanidad pública andaluza como hasta ahora, dado que el Real Decreto 954/2015 no lo impide.
Asimismo, muestran su respaldo a que la Junta se plantee el conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Gobierno central no atienda la petición realizada por la Administración andaluza requiriendo la anulación de los artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1 y 10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; los apartados 2 y 4 de la disposición final cuarta y el Anexo II, al considerar que el Estado está conculcando atribuciones que las comunidades tienen reconocidas constitucionalmente y en sus estatutos de autonomía en materia de formación continuada y acreditación.
