La audiencia nacional pone en duda la remilitarización de la Guardia Civil

TCAM/REDACCION

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que interpuso AUGC contra la Orden Ministerial que declara de aplicación a la Guardia Civil diversas normas que regulan el mando y disciplina en el Ejército de Tierra y en la Armada.

Este es el primer paso para la erradicar del ordenamiento jurídico una norma que ha sido criticada por AUGC por suponer la aplicación a la Guardia Civil de normas propias de los ejércitos. Unas normas que no se acomodan y nada tienen que ver con la misión policial que constitucionalmente tiene encomendada la Guardia Civil, y que, por lo tanto, en nada contribuyen a la mejora de la prestación del servicio público de seguridad a los ciudadanos.

AUGC ha apostado y apuesta por una norma específica para las unidades de la Guardia Civil, que debe potenciar lo policial y servir para lograr una mayor eficiencia, es decir mejorar la calidad de la seguridad que se ofrece a la ciudadanía.

Además, esta norma que también pone en cuestión la Audiencia Nacional con su decisión, supone un recorte en derechos profesionales de los guardias civiles, precisamente en una situación en la que se está registrando una  pérdida de derechos fundamentales y el menoscabo importante de otros de carácter social y económico, estos compartidos  con el resto de los ciudadanos.

AUGC, como ya ha hecho en el pasado, va a mantener su beligerancia contra  todos aquellos cambios normativos innecesarios e ilegales, que sólo satisfacen a los que aún tienen una concepción de la Guardia Civil como un “estado dentro del estado” y no como un servicio público. AUGC apuesta por otro modelo policial, en el que desde luego  no tiene cabida una Guardia Civil con un estatuto regulado miméticamente en identidad con el propio de las Fuerzas Armadas, que, como es evidente, tienen asignadas otras funciones bien distintas por la Constitución Española.

La admisión de trámite de este recurso interpuesto por AUGC debe servir de aviso a navegantes, sobre todo para aquellos que están empeñados en aplicar y desplegar la Orden Ministerial recurrida, por vía de una orden general del Director General de la Guardia Civil, que ni es necesaria, ni conveniente y mucho menos se acomoda al ordenamiento jurídico.

AUGC trasladará esta postura en todos los órganos colegiados, comisiones y grupos de trabajo en los que se aborde esta cuestión que es capital para los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil y para la salvaguardia de la calidad de la seguridad en España.

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