TCAM/REDACCION
La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto ha presentado una Proposición No de Ley con el objeto de promover que la cámara andaluza inste a la Consejería de Fomento para que “a través de los miembros de la Junta de Andalucía en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, proponga la mediación autonómica para favorecer la adopción de un acuerdo político que se plasme en un convenio con base al artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, y exención de la tasa por ocupación privativa y de la tasa por aprovechamiento especial, con base en el artículo 169.a) y 170 de dicha Ley”.
Paralelamente al impulso de la negociación entre la APBA y el Ayuntamiento de Algeciras para la adopción del referido convenio, la iniciativa del grupo parlamentario de Izquierda Unida “insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central a la modificación del artículo 169 de la Ley de Puertos del Estado, en los términos que incluya entre las exenciones de pago de la tasa de ocupación la depuración de aguas residuales cuando tenga que llevarse a cabo en el dominio público portuario”.
En la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, Inmaculada Nieto hace constar que Algeciras cuenta con una EDAR que se encuentra dentro del recinto portuario. Así como que “precisamente su ubicación y una interpretación encontrada de la legislación vigente sobre si la referida instalación debe o no abonar tasas a la APBA, alimenta un enfrentamiento entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de la ciudad que ha llevado a ambas instituciones a los tribunales”.
De igual manera, la diputada de IU sostiene que el problema se dilata y las diferentes posiciones, legítimas pero cada vez más alejadas, dificultan la resolución de un problema que a criterio de Izquierda Unida debiera reconducirse para llegar al entendimiento entre las distintas administraciones implicadas. De hecho, el recorrido judicial de la referida controversia, de resolverse finalmente de manera favorable la obligatoriedad del abono de la tasa, llevará al pueblo algecireño al pago de su coste a través de las arcas municipales.
“Sea desde una perspectiva política, legal o económica, no es razonable cobrar a la ciudadanía algecireña por la localización portuaria de una instalación que en definitiva viene a minimizar el impacto medioambiental de la actividad humana, a cumplir con la normativa europea sobre el ciclo integral del agua, y a ayudar a la regeneración de una Bahía muy castigada” sostiene Nieto.
Por otra parte, la diputada de IU afirma en el argumentarlo de su proposición no de ley que “no es menos cierto que una redacción más precisa del texto de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en lo referido a las actividades y usos exentos del pago de tasas, zanjaría esta cuestión de manera definitiva”.
