IAM/Redacción El diputado de Izquierda Unida en el grupo Unidos Podemos, Miguel Ángel Bustamante, considera inaceptable que se impida el ejercicio de un derecho fundamental y se interesa por la depuración de responsabilidades.
Izquierda Unida ha presentado una batería de preguntas al Ministerio del Interior con el objeto de clarificar los pormenores de la prohibición efectuadas por responsables policiales a la concentración convocada por Algeciras Acoge y APDH en las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.En su iniciativa el diputado de Unidos Podemos. Miguel Ángel Bustamante, pone de manifiesto que dicha convocatoria fue oportunamente comunicada a la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Cádiz, sin que este departamento opusiese objeción alguna al ejercicio de este derecho y en los términos expresados en la comunicación del mismo. Y que este grupo parlamentario ha tenido conocimiento responsables policiales impidieron a los convocantes y participantes concentrarse en las puertas del mencionado establecimiento, contraviniendo lo dispuesto en la resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno.“Concentraciones como esta se vienen produciendo en el mismo lugar desde hace años, sin que hasta la fecha se hayan producido problema alguno para el orden público o para la seguridad. Siendo por ello, que no alcanzamos a entender la discrepancia mostrada entre los criterios de la representación del Gobierno en la provincia de Cádiz y los cuerpos de seguridad, que ha tenido como resultado una merma en el derecho de manifestación de estos colectivos ciudadanos” sostiene Bustamante.En este sentido, desde Izquierda Unida se interesan por los motivos que han provocado la actuación efectuada por efectivos policiales y que impedía la celebración de la concentración autorizada por la Subdelegación del Gobierno, así como por los motivos que justifican la diferencia de criterios entre la Subdelegación del Gobierno y los responsables policiales.El diputado de Unidos Podemos quier conocer igualmente las medias que tiene previsto implementar el ejecutivo para la depuración de responsabilidades por el impedimento a estos ciudadanos del ejercicio de un derecho fundamental.
