IAM/Redacción La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha asegurado hoy que el Gobierno presidido por José Loaiza “está empujando a la Diputación hacia la irrelevancia” en una “preocupante deriva” que debe tener su punto de retorno en las Elecciones Municipales del próximo mes de mayo.
“Lejos de cumplir con su papel de ser la principal aliada de nuestros pueblos y la primera defensora de esta provincia, el Partido Popular ha convertido a la Diputación en un aparato sectario al servicio de los ayuntamientos gobernados por esa formación, especialmente a mayor gloria de los alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades; y en un altavoz de la estrategia partidista de la derecha, empeñada en hacer oposición desde todas las instituciones a la Junta de Andalucía”, ha afirmado.
Irene García ha tomado como ejemplo lo sucedido en el Pleno de la Corporación provincial. Y ha desgranado que “los debates de ayer en el Salón Regio demuestran que la Diputación ha entrado en un camino muy peligroso, como se puso de manifiesto tanto por la ausencia de punto alguno de gestión en su orden del día como en torno a lo sucedido con las cinco propuestas presentadas por el Grupo Socialista”.
“El Pleno ha asistido al rechazo expreso a que las subvenciones o inversiones que procedan de eventuales superávit o de partidas presupuestarias no ejecutadas se distribuyan primando a las pequeñas localidades, aquellas que son la auténtica razón de ser de la Diputación”, ha dicho. Y ha recordado que “el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local recoge las competencias propias de las diputaciones, y entre ellas todo lo concerniente a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”. Sin embargo, “los diputados y diputadas del PP han emprendido una huída de sus obligaciones institucionales y han avalado una distruibución lineal de los fondos. Esa decisión, lejos de seguir un criterio de justicia, consolida las desigualdades entre los pueblos y las grandes ciudades, en las que el PP utiliza la Diputación como un elemento más de su aparato de propaganda al servicio de sus alcaldes y alcaldesas”.
Mientras, los debates en torno a otras tres propuestas del Grupo Socialista “han servido para poner de relieve la utilización de cualquier resquicio para confrontar con la Junta de Andalucía, haya o no haya motivo para hacerlo, y para implicarle en cualquier cuestión que debería ser asumida y resuelta por la propia Diputación”. Irene García se ha referido concretamente a las iniciativas que solicitaban apoyo a los criadores de razas ganaderas autóctonas, la eliminación de los riesgos de inundabilidad en las carreteras de titularidad provincial en el entorno del Bajo Guadalete, y la puesta en marcha de un plan de inversión para afrontar la adquisición de camiones de infraestructuras para los pequeños municipios.
“En todas esas propuestas, el Gobierno provincial del PP ha planteado enmiendas que únicamente tratan de diluir sus responsabilidades y, bajo los argumentos más peregrinos, arrastrar a la Junta en sus propias obligaciones”, ha afirmado. Y ha destacado que “frente a lo que hace habitualmente el Gobierno del señor Loaiza, que rechaza por sistema cualquier iniciativa beneficiosa que pueda necesitar en su resolución al Ejecutivo de la Nación, los socialistas no ponemos los intereses de nuestras siglas por encima de los de esta provincia. Y precisamente por ese motivo, y en aras a conseguir que las cuestiones salieran adelante de forma unánime, aceptamos las enmiendas del Partido Popular, a pesar de que somos conscientes de su intento de embarrar incluso las reivindicaciones positivas para esta provincia”.
Irene García ha incidido también en la “sumisión” que el Gobierno provincial del PP mantiene respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy y a las altas instancias de su partido, “como demuestra que haya rechazado que la provincia de Cádiz pueda recibir el mismo trato que otras zonas de España en la Planificación Nacional de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, negando la posibilidad de que lleguen los 118 millones de euros que nos corresponderían en virtud de nuestra población para garantizar los actuales suministros así como las futuras necesidades domésticas, industriales y turísticas”.
“Lo sucedido en el Pleno de diciembre ha sido una suma de los síntomas a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno del señor Loaiza: incapacidad de gestión, sectarismo, confrontación y sumisión. Esas cuatro dudosas cualidades dan la medida del PP al frente de la Diputación. Y son cuatro razones urgentes por las que el próximo mes de mayo la institución debe abrir una nueva etapa en la que los intereses de la provincia en general y de los pueblos en particular sea la única guía de conducta”, ha concluido.
