El concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha informado esta mañana que el Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado favorablemente la declaración de nulidad del contrato de aseguramiento de riesgo de la inflación suscrito entre el Ayuntamiento de Algeciras y el Banco de Santander, a través de un decreto de Alcaldía, en abril de 2009, siendo primer edil de la localidad Tomás Herrera.
Fernández explica que ahora arranca el proceso de liquidación de este contrato que se realizó para una cobertura de 10 millones de euros por un período de 10 años para una inflación de 3,47 por ciento, recordando que este porcentaje ni se cumplió si se cumpliría en la próxima década. El Ayuntamiento de Algeciras pagó en el año 2009 más de 330 mil euros y tiene que hacer frente a un pago de más de 200 mil por el segundo, correspondiente al año 2010, según los datos aportados por Fernández
El concejal popular ha exculpado al banco Santander, al que ha elogiado e incluso ha agradecido la relación que mantiene con el ayuntamiento. Sí ha centrado sus críticas al PSOE y a IU por ser los partido que gobernaban la ciudad cuando se firmó este acuerdo.
El edil del PP ha añadido en que la primera medida que se tomó desde el actual equipo de Gobierno fue intentar cancelar este contrato que califica de especulativo, operación por la que pedían al Consistorio algecireño casi 10 millones de euros.
Tras la aprobación por unanimidad en Pleno de 22 de julio de 2011 de la solicitud de proceso de nulidad del contrato, se remitió al Consejo Consultivo quien ahora ha estimado que el contrato es nulo alegando que se suscribió , dado que se realizó mediante decreto de alcaldía cuando la legislación obliga a que este tipo de operaciones debe ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento, al que correspondía la competencia por tratarse de un contrato de cuantía superior a 6.000.000 de euros y duración superior a cuatro años.
El próximo Pleno de la Corporación abordará este asunto a través de la propuesta del Alcalde de declarar la nulidad del Decreto de Alcaldía por el que se aprobaba este contrato, entendiendo que el acto anulado nunca surtió efectos jurídicos debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas recibidas o, en su defecto, su valor.
Fernández calificó la operación de Tomas Herrera como ilegal y clandestina y responsabilizó al resto del gobierno municipal, formado por el PSOE e IU, de la misma.
