IAM/Redacción Fomento aprobará el Real Decreto, se mantiene el preaviso de huelga y las partes seguirán negociando
El Ministerio de Fomento aprobará la reforma de la estiba en el Consejo de Ministros de este viernes, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Departamento, con lo que lo hará sin el pretendido consenso del sector, toda vez que la patronal y los sindicatos de estibadores han suspendido hasta la próxima semana las negociaciones que mantienen para tratar de acordar determinados aspectos de esta reestructuración del gremio.
El Gobierno aprobará asimismo el Real Decreto Ley de la reforma de la estiba mientras los sindicatos del ramo tienen convocado un calendario de tres semanas de huelgas en los puertos a partir del próximo 6 de marzo.“Es la única forma que tenemos de defendernos y manifestar nuestro rechazo al Real Decreto Ley de Fomento”, aseguró Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores, al término de la reunión con la patronal de este miércoles.Además de a los paros, Goya apeló también a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios del Congreso, dado que la reforma tiene que ser validada por la Cámara Alta tras su aprobación en Consejo de Ministros.Así, les pidió que, en ese supuesto, rechacen el texto o bien incorporen al mismo, vía enmienda, las reivindicaciones de los estibadores o los acuerdos que pueda lograr en su negociación con la patronal.
De su lado, el Ministerio de Fomento “animó” a que prosiga esta negociación entre trabajadores y empresas, a pesar de la aprobación de la ley de reforma. En un comunicado, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna insistió en que la negociación colectiva es el ámbito donde se pueden dirimir reivindicaciones del sector que no tienen cabida en la ley, y recordó que tienen un plazo de un año para acordarlas una vez se apruebe el texto legal.No obstante, esta negociación entre patronal y sindicatos presenta actualmente una “situación de bloqueo absoluto”, según indicó Antolín Goya tras el encuentro de este miércoles, el segundo celebrado con el mediador designado por el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.
Garantía de empleoAdemás, Goya desveló que en la reunión “se puso de manifiesto” uno de los “mayores temores” que el Real Decreto Ley de Fomento genera a los estibadores en cuanto a la de destrucción del empleo.Según relató, la patronal Anesco indicó que no puede comprometerse a subrogar a todos los 6.150 estibadores que actualmente se encargan de la carga y descarga de mercancías en los puertos. La organización empresarial solicitó unos días para “calcular, puerto por puerto, con cuantos trabajadores pueden quedarse y a cuantos se despedirán”.
De ahí que las negociaciones quedaran suspendidas hasta el próximo martes.Por todo ello, los sindicatos, además de los paros, mantienen su principal reivindicación, que la reforma incluya una garantía del empleo del actual colectivo de estibadores.Asimismo, siguen reclamando al Ejecutivo que aplace de nuevo la aprobación del Real Decreto Ley por el que se reformará el sector hasta que haya un acuerdo entre las partes, y que vuelva a sentarse en la mesa de negociación.
Posición “dictatorial” del GobiernoGoya considera a Marcos Peña una “buena elección” como mediador, pero recordó que “no tiene capacidad de incidir en el texto legal de la reforma”. “Por ello debe haber un representante del Gobierno en la negociación, alguien que garantice que lo que se acuerde puede figurar en la ley”, incidió.“Es absolutamente necesario que el Gobierno cambie su actitud dictatorial y sea capaz de presentar una reforma que se adapte a lo que pide la UE, pero también respete el empleo e incluso que se respete la negociación colectiva”, añadió, al asegurar que no queda claro que esta negociación quede garantizada con la actual redacción del Real Decreto Ley.Fomento pretende reformar el sector de la estiba para adecuarla a la normativa europea y evitar una sanción que, según el Ministerio, el Tribunal de Justicia de la UE está a punto de fallar contra España.Para ello, con su Real Decreto Ley articula un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios (sagep), firmas que actualmente monopolizan el sector porque de ellas dependen todos los estibadores y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.
