El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado en rueda de prensa que su departamento ya ha procedido a ejecutar la sentencia que en marzo del pasado año condenó a España a pagar 20.000 euros -más 3.000 de costas- al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por los “daños morales” que le había causado al vulnerar su derecho a la libertad de expresión cuando fue condenado a un año de prisión por llamar al Rey “responsable de los torturadores”.
Durante la rueda de prensa celebrada conjuntamente con la consejera de Justicia del País Vasco, Idoia Mendía, con la que ha mantenido un encuentro, el titular de Justicia ha señalado que España es “un Estado que acata las decisiones judiciales, incluso de aquellas de las que discrepa”, y ha mostrado su “coincidencia plena” con las resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que condenaron a Otegi.
“Lo hacemos sin ningún tipo de satisfacción, reiterando nuestra discrepancia y ello no supone ninguna descalificación al Tribunal Europeo ni a las personas que la han adoptado”, ha manifestado el ministro.
Preguntado por el informe que a finales de este mes debe ser presentado a Estrasburgo sobre las medidas adoptadas en España para evitar condenas como las de Otegi en el futuro, Ruiz-Gallardón ha afirmado que ” la garantía del cumplimiento de los derechos humanos es absoluta” porque nuestro estado de Derecho “tiene una fortísima salud”.
La sentencia, que se hizo pública el pasado 15 de marzo, criticaba la “sobreprotección” de la legislación española respecto a la figura del Rey y señalaba que la pena que se impuso a Otegi por un delito de injurias a la Corona era “particularmente severa” y “desproporcionada”.
La resolución contra Otegi impuesta en abril de 2005 por el Supremo y confirmada en julio de 2006 por el Constitucional, consideraba que las declaraciones que Otegi hizo el 26 de febrero de 2003 tras una visita efectuada por el rey Juan Carlos a Vizcaya, días después del arresto de diez trabajadores del diario ‘Egunkaria’, superaban de manera “patente” el nivel de lo lícito por su notorio “carácter infame”, según este último tribunal.
El exportavoz de Batasuna ocupaba entonces el cargo de portavoz del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Cumplió la condena impuesta entre el 8 de junio de 2007 y el 30 de agosto de 2008 y reclamaba al TEDH una indemnización de 78.586 euros por “la pérdida de emolumentos como parlamentario vasco a causa del encarcelamiento”.
El líder de la izquierda abertzale se refirió a las torturas que los arrestados de ‘Egunkaria’ habían denunciado y aseguró en referencia al monarca: “¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en Bilbao con el rey de España cuando el rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia?”.
La sentencia de Estrasburgo recordaba que las “críticas” de Otegi no atentaron contra la vida privada del Rey o su honor personal ni tampoco cuestionaron la forma en la que el monarca accedió a sus funciones oficiales ni le atribuían responsabilidad individual en la comisión de una infracción penal concreta.
