Esta es una obligación prescrita por la Ley 15/2010, de 30 de octubre, de contratos del sector público, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
A esta altura del año debería haberse aprobado el informe correspondiente al primer trimestre, y tras preguntar en el pleno el alcalde, el señor Landaluce, dio la callada por respuesta. El objeto de este informe es conocer si se está cumpliendo con lo preceptuado en la ley respecto a los pagos de las obligaciones comerciales con sus proveedores.
Mucho nos tememos que el alcalde esté cometiendo esta irregularidad, incumpliendo la ley, debido a que los datos que facilite a la oposición y a los medios sean falsos. Debido a esta sospecha el Grupo Socialista va a dirigir escrito al interventor y al tesorero del ayuntamiento, poniendo en su conocimiento esta circunstancia y solicitando su intervención.
Son muchas las sospechas sobre la gestión económica del alcalde, basada en el oscurantismo y la opacidad. Tras conocer que no se atienden el 60% de las obligaciones anuales con los bancos, no se están pagando las subvenciones a Cáritas desde 2012 o no se están tramitando ayudas a colectivos incluidas en las bases de ejecución del presupuesto, nos tememos que el señor Landaluce está escondiendo una realidad muy distante de lo que se vende en público.
El Grupo Municipal Socialista consiguió conocer algunos informes trimestrales de tesoreria del presente mandato gracias a la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, entonces José Chamizo, que reclamó esta información al alcalde, quien no se la había facilitado antes al PSOE.
