La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, ha realizado 31 visitas a lugares de privación de libertad en Andalucía durante 2010, según recoge el primer informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). A finales de 2009 la Institución asumió la tarea, encomendada por las Cortes Generales, de actuar como MNP y desde entonces ha realizado cerca de 300 visitas preventivas a nivel nacional y sin previo aviso, de las cuáles 31 han sido en el territorio andaluz.
Pie de foto: Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.
Los centros de internamiento de extranjeros (CIES) son establecimientos públicos de carácter no penitenciario. En Andalucía se han visitado durante 2010 los de Algeciras y Málaga. Las dependencias de la Isla de las Palomas en Tarifa tienen formalmente la consideración de anexo del CIE de Algeciras y el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre “la indefinición del estatuto jurídico de estas dependencias y la ausencia o insuficiente dotación de algunos servicios fundamentales”.
El CIE de Algeciras ocupa edificaciones de una antigua prisión, que “no reúne las condiciones adecuadas y debería cerrarse inmediatamente”. Las instalaciones de la Isla de las Palomas en Tarifa presentan en general “mejores condiciones”. El CIE de Málaga tiene “graves problemas estructurales y debe ser cerrado y sustituido por una nueva construcción”.
Mientras esta opción no resulte viable, el MNP ha indicado que “han de repararse varias dependencias con carácter urgente”. Los dormitorios son colectivos, con literas, y suelen tener de seis a doce plazas, por lo que “sería recomendable dormitorios individuales o dobles”. Además las puertas, de rejilla metálica o barrotes, se cierran durante la noche. La ventilación es “deficiente en Algeciras y lo mismo ocurre con la climatización en Málaga, la limpieza de Algeciras deficiente”. Se ha reclamado servicio de lavandería en el caso de Málaga.
En el caso de mujeres embarazadas “no se adoptan medidas especiales, salvo las que superan los cinco meses de gestación que son trasladadas a otro centro”. Las visitas en el caso de Málaga tienen “problemas para cumplir con los tiempos establecidos en la normativa por problemas de espacio”, apunta. Como dato positivo cabe señalar que en el CIE de Málaga se presta, por el colegio de abogados de allí, servicio de orientación jurídica gratuita.
Además, se practican registros a la llegada y otros con una normativa reguladora que “es preciso mejorar”, advierte. El Defensor del Pueblo considera que debería “permitírseles el acceso a sus teléfonos móviles y extremar el mantenimiento de los públicos instalados en zonas comunes”.
Según ha informado en una nota el Defensor del Pueblo Español, en Andalucía se visitaron 31 centros, entre los que se destacan los de Jerez de la Frontera (Cádiz), Torremolinos (Málaga), los depósitos Municipales de Detenidos de Córdoba, en Lebrija (Sevilla), centros de internamiento de extranjeros de Algeciras (Cádiz), las instalaciones de Tarifa (Cádiz), centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla), centro para menores infractores La Jara, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), entre otros.
En los centros andaluces visitados, algunos calabozos de comisarías y jefaturas superiores de Policía “presentaban deficientes condiciones de ventilación” como son los casos de Málaga y Sevilla; de climatización en Córdoba y Jerez de la Frontera; y de limpieza en en la capital andaluza. En Málaga y Puerto de Málaga “se lavaban las mantas tras varios usos, lo que no resulta aceptable”, lamenta. “También es necesaria la adopción de planes de evacuación y medidas de emergencia en los casos de Cádiz y Jerez de la Frontera”, añade.
Además hay disparidad de criterios en cuanto a portar armas de fuego en lugares de custodia, apuntándose como en Jerez de la Frontera existe la obligatoriedad de dejar constancia de la práctica del desnudo integral en el Libro de Registro y Custodia de Detenidos. También señala que “en Málaga no existía sistema de videovigilancia en las instalaciones y en Cádiz era necesario instalar monitores en la zona contigua a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil”.
En los centros dependientes de la Guardia Civil se observaron también, según explica, “problemas en caso de emergencia para la apertura y cierre de los calabozos como en el Puerto de Málaga, escasa iluminación, falta de climatización y ausencia de una zona de custodia para ubicar al agente de servicio de vigilancia”.
“Las dependencias de las policías locales visitadas están en edificios de antigüedad variable y en aceptable estado de conservación, excepto en las localidades sevillanas de Lebrija y Marchena”, indica, donde “tampoco se hacía vigilancia constante de los detenidos y eran deficitarias las instalaciones de aseo y su mantenimiento e higiene”.
Los calabozos ubicados en edificios judiciales presentaban “buen estado de conservación y mantenimiento, el número de dependencias era variable” y, excepto en el caso de Sevilla, no suelen superar la capacidad máxima. En las instalaciones de Málaga hay libro de entrada y salida, “pero no libro-registro”, informa el Defensor del Pueblo.
