En concreto, Bruselas, que abrió dicho expediente a raíz de una denuncia de España, ha analizado 165 acuerdos fiscales entre el gobierno gibraltareño y diferentes empresas entre 2011 y agosto de 2013 por considerar que podrían incluir ayudas públicas ilegales a sociedades que no generan sus ingresos en Gibraltar.
En el proceso original, Bruselas ya detectó que el régimen fiscal del Peñón, cuya modificación data de 2010, podría otorgar ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en Gibraltar.Ahora, la investigación de la Comisión Europea se amplía a una nueva práctica derivada de los cambios normativos de 2010: la posibilidad de que las empresa obtengan por adelantado la confirmación de si determinados ingresos serán gravados en Gibraltar o no.
Bruselas estima, con la información que le ha remitido el Reino Unido, que las autoridades fiscales de Gibraltar aprueban estas decisiones tributarias anticipativas “sin evaluar adecuadamente si los ingresos de las empresas son generados o tienen su origen fuera de Gibraltar, en cuyo caso no son imponibles a Gibraltar”.
En por ello que “la Comisión teme que todas las decisiones anticipativas puedan contener ayudas estatales” y duda de que sean compatibles con las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas.El caso Apple en IrlandaLa investigación de Bruselas en Gibraltar es similar a la emprendida en Irlanda, donde la Comisión Europea acusa a las autoridades irlandesas de pactar con Apple un sistema tributario a la carta que supone un trato de favor selectivo para el fabricante del iPhone y el iPad.Dicho acuerdo habría permitido al gigante tecnológico estadounidense rebajar sustancialmente la factura fiscal de sus filiales irlandesas, a través de las que gestiona sus operaciones europeas. Según la decisión publicada hace unos días, el Ejecutivo comunitario adopta la “visión preliminar” de que ha existido ayuda de Estado y que ésta podría ser ilegal.
