IAM/Redacción Las ciudades de Algeciras y de La Línea a penas se llevan un 1 y un 0,6 por ciento de las subvenciones que el Gobierno destina a la provincia de Cádiz para el transporte público.
Así, mientras que Algeciras recibe 126.064 euros, en La Línea se quedan con unos 39.082 euros de los 1.686.852 euros que recibe la provincia.En cifras generales la provincia recibe un 10,9% de las subvenciones estatales que recibe el transporte público andaluz. Esta cantidad forma parte de los 51 millones que el Estado repartió entre los municipios españoles, de la que el 85% se fija de acuerdo al déficit del billete. Sin embargo, otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención.Si bien se asume que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, ya que si el sistema se financiara sólo por ingresos de los usuarios los billetes serían mucho más caros, para la entidad este reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce algunos desequilibrios.Una ley que ponga ordenLa falta de equidad en el reparto de subvenciones públicas forma parte de un problema más grande y que no es otro que la falta de una Ley de Financiación del transporte público, con la que se ponga orden y regule con criterios de eficiencia el reparto de fondos para costear el sistema.En la actualidad, el transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos. Sin embargo, al no haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto de Europa, no está determinado qué debe aportar cada administración, ni bajo qué criterios, etc.Para ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos ) esta ley de financiación que debe abordar cuanto antes el Gobierno tiene que contar con tres pilares fundamentales: establecer un reparto de costes, mejorar la dotación de fondos estatales gracias a la recaudación de ingresos tributarios específicos y asignar recursos con criterios más simples y que incentiven el uso del transporte público.Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “el transporte público es un pilar del estado de bienestar, pero España carece de una ley que ponga los puntos sobre las íes a los recursos que recibe para hacer posible un buen funcionamiento del sistema, del que se benefician cada día 5 millones de personas. Con ella los municipios recibirían los fondos con criterios de equidad y eficiencia, en lugar de subvencionar con arreglo al déficit del billete, algo incoherente si queremos un sistema eficaz”.
