IAM/Redacción Siempre se habla en los medio del crecimiento en tráficos del Puerto de Algeciras o de sus convenios de colaboración para su promoción exterior. Una imagen positiva que nos gusta. Pero nunca se habla de su política de contratación del personal o el ataque que sufren algunos trabajadores en sus derechos.
Una imagen negativa, que se desconoce por la ciudadanía en general.Como ejemplo dos sentencias. Una de fecha 26 de marzo de 2014 del Juzgado de lo Social Único de Algeciras, donde se falla a favor de una trabajadora frente a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), reconociendo un despido improcedente y pidiendo la readmisión de la trabajadora.
Pero no, la APBA recurre al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, en Sevilla, que confirma la sentencia anterior con fecha 17 de diciembre de 2015. Parece ser que el director de Recursos Humanos de la APBA, con el visto bueno del Presidente, ha tomado la decisión de indemnizar en vez de readmitir a la trabajadora con un contrato indefinido -sabemos que está en su mal derecho hacerlo, gracias a las reformas laborales-. No entendemos que se gaste dinero público indemnizando aun faltando personal en el Puerto. Y además, recurrirán al Tribunal Supremo, por lo que hasta para pagar la indemnización trascurrirá al menos un año y medio más.
Cuántas veces hemos oído al Presidente de la APBA declarar su deseo de crear más puestos de trabajo en el Puerto de Algeciras, sin embargo cuando tiene oportunidad y así lo exigen los tribunales, no lo hace o privatiza el servicio. Nos parece una política de personal equivocada.
Sobre todo cuando no está dispuesto a readmitir, sino también sacar a esta trabajadora de la bolsa de contratación del personal temporal. Y que sepamos esta trabajadora no ha incumplido lo dispuesto en la guía de contratación de este personal, regulada según acuerdo de 21 de septiembre del 2007, ni en el acta de la comisión de contratación de 15 de enero del 2009.Hasta la Coordinadora de los Puertos del Campo de Gibraltar (Sección APBA) en una declaración pública lo entiende como un ataque a los derechos de esta trabajadora y del resto de los trabajadores que se atrevan a denunciar a la APBA en los juzgados.
Qué fácil es crear una mala imagen del Puerto con casos como este debido a decisiones, que creemos equivocadas, o abusos de poder -no sabemos concretamente de quién-. Esperamos del buen criterio del Presidente de la APBA la revocación de esta mala decisión porque a nadie beneficia.