IAM/Redacción Mañana jueves 9 de febrero a las 11:00h, Sergio Pascual, Diputado de Podemos en el Congreso y miembro de la Comisión de Fomento, se reunirá con la Coordinadora de Trabajadores del Mar en el Puerto de Algeciras para escuchar sus reivindicaciones y defender sus derechos en el trámite parlamentario del decreto del Gobierno (sin mayoría en el Congreso) para la liberación de la estiba (carga y descarga de mercancías) en los puertos españoles.
En este encuentro le acompañará la concejala de “Algeciras, Si Se Puede” en el Ayuntamiento, María José Jiménez Izquierdo.El decreto-ley preparado por el Mº de Fomento para liberar el cien por cien de la estiba en tres años, que permitirá contratar el trabajo portuario con cualquier empresa, ha calentado los puertos españoles y a sus más de 6.150 estibadores, la mayoría de Algeciras.La preocupación de los estibadores es normal, luchan por conservar el puesto de trabajo, y no tanto por el salario como se está dando a entender, porque una parte importante de ellos tienen una edad y una profesión que no permite una posible reconversión. Así que aunque entienden que la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea hay que cumplirla, están dispuestos a negociar, pero garantizando siempre sus puestos de trabajo.El principio de acuerdo entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (sindicato mayoritario en el sector) y la patronal, aglutinada en la Asociación Nacional de Empresas Estibadora y Consignatarias de Buques (ANESCO), y que garantizaba el trabajo de todos, ha sido roto por el decretazo del Gobierno.María José Jiménez Izquierdo, Concejal de “Algeciras, Sí Se Puede”, apoyará la moción sobre este tema en el Pleno del martes día 14 de febrero. Y apoyará la lucha de los estibadores porque la entrada de las grandes empresas de servicios en la estiba portuaria, que serán los grandes beneficiarios de esta liberalización, dejaría en el paro a muchos obreros portuarios y sin opciones de encontrar trabajo. Salvo que se respetaran los puestos de trabajo actuales obligando a todas las empresas de servicios que entraran en el sector a una subrogación forzosa.
