Finalmente, el Ayuntamiento ha conseguido un compromiso de pago para evitar el embargo de la participación de los ingresos del Estado. Pese a ello, Luis Ángel Fernández ha querido dejar constancia de su malestar por lo que considera un trato discrimatorio de la Junta de Andalucía. A su juicio, ha habido dos periodos: “Durante ocho años se ha dado todo tipo de subvenciones y se ha permitido que no se paguen ni consorcios ni patronatos dependientes de la Junta, y en cuanto ha habido un cambio de gobierno se exige que devuelva todo el dinero. Es decir, se intenta atacar la línea de flotación de la economía municipal”. La aprobación del acuerdo supone un compromiso de pago con el Consorcio de Transportes, de manera que se paraliza el expediente de apremio que suponía a las arcas muncipales un millón cien mil euros, y que corresponden a la deuda acumulada entre 2005 y 2010.