Personal de la Agencia Provincial de la Energía, el Ayuntamiento de Los Barrios y profesorado de la Universidad de Cádiz están participando en un taller práctico sobre Zonas de Bajas Emisiones organizado por la Red de Ciudades que Caminan, a la que pertenece la Diputación de Cádiz desde noviembre del pasado año. Los objetivos de esta iniciativa son sentar las bases conceptuales sobre qué es una Zona de Baja Emisiones (ZBE) y cómo implantarla, así como proporcionar una metodología para su puesta en marcha y seguimiento.
Esta acción formativa es una de las ofertadas por la citada asociación internacional a sus miembros y fue solicitada por la administración provincial de acuerdo con sus propios fines, en el ámbito de la implantación de una movilidad sostenible en el territorio gaditano. La Diputación de Cádiz fue seleccionada junto a los ayuntamientos de Valladolid y La Laguna para recibir este curso, que comenzó en formato virtual el pasado 22 de abril.
La parte práctica se está desarrollando en las dos últimas jornadas en las instalaciones de la delegación municipal de Medio Ambiente de Los Barrios, también a propuesta de la Diputación. La elección no es casual. La localidad campogibraltareña es una de las 15 que se encuentran inmersas en la redacción de sus nuevos planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), dentro de la actual Estrategia Provincial de Movilidad puesta en marcha por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible.
Además, el Ayuntamiento de Los Barrios tiene la intención de crear una Zona de Bajas Emisiones en el municipio, por lo que la actividad formativa servirá para sentar las bases de esa iniciativa, ya que se ha trabajado con cartografía y datos reales facilitados por el consistorio barreño.
Las Zonas Bajas en Emisiones son áreas en las que se restringe el acceso a determinados vehículos debido a sus emisiones. Por tanto, son medidas dirigidas a mejorar la calidad del aire de las ciudades. Los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes, cuando superen los valores límites regulados en la normativa vigente, están obligados a su implantación, según recoge la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
