La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha lamentado que la actuación del Estado hasta la fecha supone, por un lado, un “incumplimiento de una ley”, ya que no ha implantado una doble tarifa eléctrica que está recogida en la Ley de Cadena Alimentaria; y por otro lado, “deja a los agricultores y ganaderos a su merced con un 150% más de costes en estos momentos”. Actualmente, la energía eléctrica es el principal coste de producción para los regantes, al superar el 40% del desembolso que deben hacer estos agricultores.
En respuesta a una pregunta parlamentaria, Carmen Crespo ha recordado que “Andalucía ha puesto enmiendas a la Ley de Cadena Alimentaria pero estaba de acuerdo en una cuestión fundamental” como la doble tarifa eléctrica para el regante porque permite recortar el coste de la electricidad eléctrica en un 20%. La consejera ha apuntado que esta mejora, unida a la modernización de las infraestructuras, “puede reducir la factura al regante hasta en un 50%”. “Necesitamos la doble tarifa eléctrica”, ha recalcado la representante del Gobierno andaluz, que se suma a sí a “las organizaciones agrarias que, por unanimidad, han pedido al Gobierno de España” la implantación de esta medida.
La consejera ha afirmado que “la Junta va a poner dinero pero también va a pedir más fondos Next Generation para el regadío de Andalucía” y seguirá pidiendo que se implante la doble tarifa eléctrica “porque es de justicia”. Asimismo, ha subrayado que los agricultores y ganaderos de Andalucía “están alimentando a medio mundo de forma sostenible y saludable” y ha apostado por “ponernos de acuerdo para responder a su petición de reducir los costes de producción como el IVA de los insumos y que afectan a los regantes”.
En su discurso, Crespo ha explicado que “180.000 andaluces viven del regadío”, un sistema productivo “que genera el 63,3% del empleo agrario”. “Por tanto, el regadío hay que defenderlo”, ha apostillado, recordando que, en una sola legislatura, la Junta de Andalucía ha gestionado ayudas a la modernización de riego por valor de 100 millones de euros que han impulsado una inversión público-privada de “200 millones de euros de volumen de negocio en el regadío de Andalucía, incluso en el entorno del Guadalquivir”. De hecho, entre los beneficiados de estos incentivos se encuentran 27 comunidades de regantes de Córdoba, Jaén y Sevilla ubicadas en esta cuenca de competencia nacional.
