Gallardo sostiene que “los vecinos llevan tiempo quejándose de que, cuando acuden al depósito de vehículos, para retirar sus coches, la empresa no les emite la preceptiva factura, simplemente se les emite un albarán”. Hechos que considera “gravísimos, de ser ciertos”. Continúa indicando “los empresarios y profesionales, están obligados a expedir factura y copia de ésta, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en desarrollo de su actividad» e insiste los consumidores están en su derecho a obtenerla. Así, considera que “todo hace sospechar de un presunto fraude debido a operaciones inexistentes”.
Recuerda, que llevan un año insistiendo a José Ignacio Landaluce de “las supuestas irregularidades de la empresa, entre otras el impago de los cánones a nuestro ayuntamiento, acumulando más de 500.000€ de deuda consentida por éste equipo de gobierno, lo que es gravísimo”. Reiterando que las quejas vecinales “solo hacen confirmar, la urgente necesidad de licitar de nuevo el servicio, cuyo tiempo ha expirado, así como sus prórrogas legales”.
