Decenas de trabajadores de los centros penitenciarios de Andalucía, convocados por CSIF y Acaip-UGT, han protagonizado este miércoles concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno de las distintas provincias para protestar por las últimas agresiones ocurridas en las prisiones y en demanda de mayor seguridad y de la cobertura de plazas vacantes en estos establecimientos, que en Andalucía ascienden a más de medio millar.
Estas concentraciones se producen en toda España después de la agresión a una funcionaria en Logroño. De hecho, cada 36 horas se produce una nueva agresión en prisiones de todo el país, “lo que supone un claro ejemplo de la dejadez de la Administración y pone al descubierto la escasez actual de medios humanos y materiales”, según los sindicatos.
Las movilizaciones de este miércoles se producen tras el paro de 15 minutos protagonizado por los trabajadores penitenciarios el 29 de octubre en demanda de “más seguridad y de que se cumpla el protocolo contra las agresiones”, así como que se proporcione al colectivo una formación continua y adecuada al trabajo que desempeña y que se les reconozca como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Ambos sindicatos exigen el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la situación insostenible que sufre el personal de Prisiones y su nula capacidad para gestionar las deficiencias actuales.
En Andalucía se han producido recientemente varios de estos episodios con el resultado de agresiones a trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Así, a finales de octubre en el Centro Penitenciario de Jaén una profesora sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno, y en el Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), el 27 de octubre pasado la agresión a dos funcionarios por parte de un recluso considerado de carácter peligroso y violento que se encontraba en el módulo de aislamiento.
El 23 de septiembre pasado, fue declarado el conflicto colectivo en prisiones por los compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria y por la falta de respeto hacia los profesionales penitenciarios y el trabajo que desarrollan.
