La parcela ocupa una superficie de 500 metros cuadrados de suelo de dominio público y tenía una construcción de chapa 50 metros cuadrados, que fue demolida con autorización judicial. Previamente, el juez había impuesto como primera medida cautelar el desalojo y el corte de suministros, y posteriormente autorizó la demolición e impuso una fianza de 2.973 euros para sufragar los gastos que se generaran.
El ciudadano que había ocupado la parcela contactó voluntariamente con los servicios jurídicos municipales, y firmó un documento reconociendo el dominio público d ela parcela y procediendo a su devolución a su legítimo propietario: el Ayuntamiento.
El teniente de alcalde delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela ha informado que, al igual que en ocasiones anteriores, se están iniciando los trámites para retirar la acusación particular, y aseguró que el Ayuntamiento con estas medidas no persigue el perjuicio de nadie, sino sólo la recuperación del suelo del que es legítimamente propietario y del que algunos han querido apropiarse.
Gabriel Orihuela dijo haber constatado que en estos modos de actuar, en el que sólo hay una minoría, existe un cierto mimetismo dentro de un entorno sociocultural muy próximo. “Espero que ese mimetismo que en su momento sirvió para ocupar el suelo, sirva ahora para abandonar esas prácticas aberrantes y que los que todavía quedan en litigio sigan la estela de los que, inteligentemente, han decidido devolver lo que usurparon y evitarse problemas mayores”, concluyó Orihuela.
