TCAM – ANDALUCÍA / D.C.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado que su partido va a presentar este mismo lunes 16 de abril de 2012 un escrito a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, para que “requiera nuevamente” a la Junta de Andalucía “toda la información” sobre las supuestas irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) por parte del Gobierno autonómico al considerar que la Junta está “poniendo zancadillas” a la investigación aportando documentación “incompleta”.
En rueda de prensa, Sanz ha acusado al Gobierno andaluz de “seguir ocultando información a día de hoy a la juez” Alaya y de “faltar a la petición del Juzgado” al no haberle “remitido todos los expedientes de la Consejería de Empleo ni de la Consejería de Innovación y ninguno del resto de Consejerías”.
Ante ello, el ‘popular’ se ha preguntado “qué oculta el Gobierno andaluz y el señor Griñán cuando niega a la juez la información solicitada” porque, en su opinión, la Junta, “con esta actitud, está ocultando y faltando una vez más a la verdad, demostrando falta de transparencia y poniendo zancadillas al procedimiento”.
Tras este anuncio, Sanz ha informado a los medios de comunicación de que su partido cuenta con una “prueba novedosa e importante” que la juez Alaya les ha trasladado como parte personada en el caso de las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) y que “demuestra”, según ha enfatizado, que el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, “no solo conocía el aumento de las partidas presupuestarias para el ‘fondo de reptiles’ sino que también sabía el destino final de las mismas”.
Así, el secretario general de los ‘populares’ andaluces ha entregado a los periodistas una copia de una “memoria justificativa” elaborada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo en 2006 para detallar una modificación presupuestaria aprobada en noviembre de 2006 por valor de 9,3 millones de euros con cargo a la partida 31L y en la que se especifica que, en dicho programa, “se contemplan ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores con extinción de contrato de empresas con expediente de regulación de empleo como los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, trabajadores de Hytasal, Anovo, etc, y de otras empresas en reestructuración”.
Según ha resumido, con este nuevo documento que la juez Alaya ha facilitado al PP-A “se comprueba que el señor Griñán no solo planteaba modificaciones presupuestarias para elevar la cuantía del fondo de reptiles, sino que además sabía exactamente cuál era el destino de los fondos”. “Si nos atenemos a este informe, a Griñán se le adjuntaba un informe, hasta ahora desconocido, donde se le indicaba exactamente a qué se destinaban esos fondos dentro de la 31L”, ha añadido para recalcar que al entonces consejero de Economía, así como a “todo el Consejo de Gobierno, se le informó puntualmente del desarrollo de las ayudas”.
“Hoy denunciamos que, cuando se elevaban modificaciones presupuestarias, Griñán sabía dónde se destinaba el dinero y en un momento, además, en el que ya se conocían los reparos de la Intervención y los informes contrarios de legalidad que había planteado”, ha señalado al respecto.
Según Sanz, Griñán conoció memorias justificativas de las modificaciones presupuestarias que se aprobaron desde 2005 a 2008, años en los que se destinaron, con cargo al programa 31L, ayudas por valor de más de 18 millones de euros a razón de 799.000 euros en 2005 para la Faja Pirítica de Huelva; 9,3 millones en 2006 también para la Faja Pirítica y para Hytasal y Anovo entre otras; 7,4 millones en 2007 para Altadis, Heinecken y Delphi, entre otras; y 1,2 millones en 2008, principalmente, para Bahía Competitiva y Delphi.
Esto “demuestra”, a juicio del ‘popular’, que Griñán, “que se limitaba a decir que eran modificaciones presupuestarias genéricas de las que se desconocía el destino de los fondos, sí que sabía donde irían destinados porque se le entregada esta memoria justificativa y, por tanto, el Consejo de Gobierno y no solo Griñán conoció plenamente su destino”.
Ante ello, ha criticado que la Junta lleve “todo el fin de semana asegurando que Griñán no había firmado nada ni avalado ninguna de las partidas de la 31L”. “Mentira, hoy aquí se demuestra que no solo las avalaba sino que además sabía el destino final de los fondos porque había sido informado por la Consejería de Empleo”, ha insistido Sanz tras recalcar que “esto estrecha el círculo de las responsabilidades y lo eleva al conjunto del Consejo de Gobierno”.
