Según Nieto, “la experiencia nos demuestra que las declaraciones públicas tienen que verse respaldadas por compromisos institucionales para que sean razonablemente creíbles”.
La parlamentaria andaluza pretende que el Gobierno de Andalucía se pronuncie “sobre las actuaciones que ha acometido la Junta para proveer de sedes judiciales a los nuevos juzgados aprobados para el Campo de Gibraltar, sobre las fechas en la que prevé que estén operativos los locales y medios necesarios para la puesta en funcionamiento de éstos, así como las causas que han motivado el retraso en la puesta a disposición de estas infraestructuras”.
Nieto recuerda que “la aprobación de cinco nuevos organismos judiciales, contemplados en el Plan Integra para el Campo de Gibraltar aprobado por el Gobierno de España, fueron acogidos de forma muy favorable por el movimiento asociativo contra las drogas de la comarca, por las asociaciones profesionales de policías y guardias civiles y por la inmensa mayoría de la sociedad civil campogibraltareña”.
Añade, a su vez, que “esta medida venía a dar respuesta a las demandas de esta comarca y a la situación de colapso que padece la Administración de Justicia en el Campo de Gibraltar, en su lucha contra el narcotráfico y los procesos delictivos ligados a este fenómeno” y entiende que “los retrasos en su puesta en funcionamiento han generado malestar entre los operadores jurídicos y el tejido social campogribraltareño”.
De igual manera, la diputada ha querido recordar que “un hecho similar ocurrió con el segundo Juzgado de lo Social del Campo de Gibraltar, cuya puesta en funcionamiento se retrasó un año por la falta de lugar para su ubicación”.
