El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, advierte a la Junta de Andalucía de la ilegalidad en la que puede incurrir si se decide a proceder a la subasta de la finca `Majarambú´ en Castellar de la Frontera, teniendo en cuenta la “absoluta vigencia” del convenio firmado el 24 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento de la localidad y el Gobierno andaluz por el que éste último se comprometía a ceder el uso de la finca en cuestión por un periodo de 30 años para que los vecinos de Castellar, a través del Ayuntamiento, pudieran desarrollar proyectos de agricultura y ganadería ecológica.
El parlamentario de IU recuerda que dicho convenio no fue desarrollado por parte del anterior Gobierno municipal socialista, ni por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, afirma que el actual equipo de gobierno, encabezado por el izquierdista Juan Casanova, “está poniendo todo su empeño en hacer realidad un proyecto que resulta ilusionante para los vecinos de Castellar, puesto que en los tiempos de crisis que corren puede suponer un posibilidad de futuro”. Para García, “entendemos que el convenio está en vigor y la Junta debe cumplir su compromiso”.
Según explica el parlamentario, la finca `Majarambú´ es una de las fincas del antiguo IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y la intención es proceder a su venta con objeto de obtener liquidez. El diputado indica que “con independencia de que no compartamos el recurso de la Junta de obtener liquidez a través de la venta de propiedades, consideramos que el Gobierno andaluz debe quedar fuera de cualquier tipo de enajenación, puesto que los vecinos tienen derechos adquiridos a través del convenio”. En este sentido, el diputado de IU considera que por razones jurídicas sería desaconsejable el proceso de subasta, “ya que la Junta podría tener que hacer frente a posibles indemnizaciones ante el incumplimiento del convenio”.
