El Presidente del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha lamentado hoy la “salida de tono” y los desplantes con los que la Delegada Provincial de Educación trató a los padres de alumnos. “Es lamentable -denuncia el concejal- que una funcionaria, que debería estar al servicio del ciudadano, venga a nuestra ciudad gastando este talante, enfadada porque en todo el año ella no ha previsto, ni ha programado ni ha hecho nada por anticiparse y encontrar solución a los conflictos”. Así pues, la situación de la educación en Algeciras es caótica, afirma Ramírez. “Como cada año los padres de alumnos de Algeciras tienen que salir a la calle a rogar al alcalde, al subdelegado o la Delegada provincial, una plaza escolar para sus hijos. Y ello porque éstos personajes se han arrogado el derecho de los padres a elegir centro, son ellos los que determinan la elección, y ellos impiden, con su mal hacer, que los padres ejerciten su derecho constitucional” “Pero se puede hacer todavía peor” -sentencia el edil. “En un estado de derecho basado en nuestra Constitución, que declara el derecho de los padres a elegir centro, ratificados sus derechos mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reconociendo a unos padres el derecho de elección de centro, no puede haber autoridad ninguna que se niegue a su cumplimiento, o que pretenda impedirlo con sus negligencias, o recortarlo por falta de programación, o anular dicho derecho por falta de trabajo administrativo de sus autoridades competentes”.”La elección de centro -proclama Ramírez- es elemento central de la libertad de enseñanza. Y esta elección de centro debe ser ejercida por las familias, nunca por la Administración, cuyos órganos administrativos no pueden mediatizar, ni condicionar, ni limitar este derecho”. “Pero nuestra realidad se aleja de estos principios -continua exponiendo el concejal popular. “La Sección Tercera de lo Contencioso del TSJA denuncia en su sentencia “la penosa realidad de unos niños a los que, pese al decir solemne de la Constitución, se les niega el derecho a iniciar sus estudios en el colegio que sus padres eligen por falta de plazas bastantes”.”Y esto en una nación que tiene las ínfimas tasas de natalidad desde hace años, uno de los problemas endémicos más preocupantes de nuestro país”, añaden los jueces”. “La Ley de Educación de Andalucía, en su Artículo 2 indica que “la Consejería competente en materia de Educación programará la oferta educativa de la enseñanza, que en la legislación vigente se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la oferta existente de centros”. Pero con este desorden escolar, al ubicarse los centros caprichosamente, es la administración la responsable de que existan centros escolares dignos y otros cuya situación es de todos conocida, y es mejor no describirla, al no poseer las condiciones higiénico-espaciales y pedagógicas mínimas, al faltar dotación de profesorado especialista, al faltar infraestructuras lúdico recreativas, clases de apoyo en idiomas, etc., etc.”Son los padres los que, finalmente, deben buscar soluciones, según la señora Alcántara”. Y es vergonzoso oir a los jueces del TSJA recriminando a dichas autoridades: ” es lamentable la realidad cotidiana de proliferación de este tipo de pleitos por el desfase entre el número de plazas escolares disponibles y el de candidatos a ocuparlas”.
