El ciudadano que había ocupado la parcela se ha personado en la delegación de Patrimonio y ha procedido a la devolución legal de la parcela, mediante la firma de un documento en el que reconoce el dominio público de la parcela y la devuelve “sin reserva material o jurídica”.
El Ayuntamiento había procedido con anterioridad al derribo de la construcción y al desmontaje del vallado perimetral, en virtud de u auto del juzgado de instrucción número 4 que así lo ordenaba como medida cautelar a la espera de juicio.
Al hilo de la noticia, el delegado de Patrimonio, el teniente de alcalde Gabriel Orihuela, ha vuelvo a advertir a los implicados que la justicia administrativa y la que emana de los órganos judiciales no ceja en su empeño por restablecer la legalidad, y ha vuelto a reiterar a los implicados que es preferible no llegar a juicio, donde pueden enfrentarse a condenas penales y a fuertes multas, además de a la cuantía económica derivada de la responsabilidad civil por los derribos y la reposición del monte a su estado original.
