El concejal José Luis Alcántara entiende que la mayoría de los puntos establecidos en esta red, como la Plaza Alta, la plaza del mercado o el paseo del río de la Miel, no padecen problemas de tráfico ni requieren de cámaras de este tipo para su regulación.
Lo que realmente esconde esta medida es una obsesión del alcalde Landaluce y del equipo de Gobierno del PP por controlar todos los movimientos de las personas, lo que supone una grave intromisión en la intimidad y en la protección de la imagen de los vecinos y vecinas de Algeciras, que desde ahora saben que no se podrán mover por el centro sin sentirse observados por las cámaras del Gran Hermano del alcalde.
Alcántara recuerda que este tipo de medidas ha estado perseguida por la polémica allá donde se ha llevado a la práctica, y recuerda, por ejemplo, el caso de Alicante, donde la Agencia Española de Protección de Datos declaró ilegal el sistema de cámaras de videogilancia instalado por el Ayuntamiento en espacios públicos, al considerar que atenta contra la privacidad de los ciudadanos.
La ley establece que, para poder instalar un sistema de videovigilancia de este tipo, se hace preciso aplicar el principio de proporcionalidad y que haya una justificación porque no se pueda realizar la labor policial de otra manera, como la de la realización de patrullas policiales, aclara Alcántara.
El edil subraya que son muchas las barriadas que reclaman desde hace años a Landaluce que refuerce la presencia policial o que cree unidades de Policía de Barrio. El PP, de manera sistemática, ha dado la espalda a estas reclamaciones, diciendo que no es posible, y sin embargo se empecina en minar el centro de la ciudad de cámaras, en un ejercicio de violación de la intimidad de la gente en la única zona de la ciudad que existe para él.