Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán explica que tras once visitas realizadas por la institución durante los meses de agosto y septiembre a Cádiz, Málaga y Granada se ha constatado en relación las instalaciones un “significativo y positivo” cambio de tendencia.
El Defensor destaca la “colaboración estrecha” que se ha establecido entre la Administración General del Estado y las Administraciones locales para atender la llegada de estas personas.
En un comunicado, señala que la Institución ha realizado esas visitas en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a los migrantes, coincidiendo con un repunte migratorio.
“Hasta mediados de agosto, el Defensor pudo constatar un fallo estructural de estos servicios cuyas capacidades se vieron ampliamente superadas”, indica el Defensor, quien añade que en las visitas de septiembre se constataron mejoras, pero no en las condiciones jurídicas apreciadas en estas inspecciones.
Recuerda que Fernández Marugán ya alertó el pasado mes de febrero en el Parlamento que, a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera, la respuesta que está dando España es insuficiente.
La Institución considera imprescindible la consolidación de un catálogo de infraestructuras próximas, en el que podrían encajar los Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) operativos en San Roque, Motril y Málaga y creando espacios similares entre Almería y Cartagena.
También aboga por la creación de equipos móviles especializados para ofrecer una respuesta inmediata ante repuntes de llegadas y el refuerzo de las plantillas policiales de las localidades del litoral andaluz.
Además, insiste en generar un sistema de identificación de personas vulnerables que permita detectar a solicitantes de asilo, niños y niñas no acompañados y víctimas de trata.
El Defensor insiste en su recomendación de revisar el protocolo para atender las situaciones de emergencia humanitaria derivadas de llegadas a través de la frontera terrestre o marítima para evitar el uso de infraestructuras no idóneas para la primera acogida y asistencia.
Entre las carencias denunciadas, explica que la institución detectó “un flagrante fraude de ley” en la situación de más de 400 personas que permanecieron en el buque “María Zambrano” cinco días en agosto “en un limbo jurídico privadas de libertad por falta de dispositivos adecuados para su acogida y atención, sin haber sido formalmente recibidas por la Policía”, que fue solventado tras su denuncia.
En septiembre, indica que ya no estaba operativo el CATE del Puerto de Algeciras, donde había detectado numerosas carencias el mes anterior, y se comprobó que las nuevas instalaciones contaban con literas, cocina y aseos garantizando una acogida digna, en la que se prestan labores humanitarias y de documentación con el acceso de ACNUR y otras ONG.
Además, el Defensor ha dirigido una recomendación al decano del Colegio de Abogados de Cádiz y al Colegio de Granada para que se mejoren la asistencia letrada y sean individualizadas.
Sobre las instalaciones de primera asistencia y detención de extranjeros en el Puerto de Motril, el Defensor ha reiterado su petición de cierre “por carecer de los servicios más elementales”.
