El sindicato CSIF ha calificado como «nefasto» el balance que ha efectuado de agresiones a funcionarios de prisiones en Andalucía en el año que ha terminado, y ha exigido al Gobierno que incremente el grado de protección de estos empleados públicos, «lo cual pasa por su reconocimiento como agente de autoridad».
El sindicato, en un comunicado, también ha pedido «el desarrollo práctico del protocolo contra agresiones y el refuerzo urgente de la seguridad en los centros penitenciarios, que debe pasar por la formación y ampliación de una plantilla que necesita más de medio millar de efectivos».
El responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Andalucía, Miguel Ángel Rojas, ha recordado los dos sucesos casi consecutivos en Sevilla-II, en Morón de la Frontera, del día 7 con un conato de motín provocado por un interno al que se le suspendió un vis a vis y saldado con dos funcionarios heridos y, dos días después, con cuatro empleados lesionados por otro preso.
En la prisión de Botafuegos, en Algeciras, hubo dos episodios violentos en octubre y noviembre, con un total de tres funcionarios afectados, mientras que en Jaén, a finales de octubre, una profesora sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno.
Rojas considera que esta sucesión de hechos y la desprotección a la que diariamente se enfrentan los funcionarios son “dos realidades inadmisibles”, y el primer paso debe ser solucionar el déficit de funcionarios que padecen los centros andaluces, en los que hay 549 vacantes sin cubrir en las relaciones de puestos de trabajo, lo que supone casi una décima parte de la plantilla total.
El problema se agrava por el envejecimiento del personal, con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios “en una clara desigualdad física” cuando deben reducir a un preso, y «este déficit de recursos humanos equivale a un plus de presión para quienes trabajan en las prisiones y los centros de inserción social».
Otro paso fundamental, según CSIF-A, es que el Ministerio del Interior tenga “tolerancia cero” hacia las agresiones físicas y verbales y “deje de criminalizar a los trabajadores” cuando se vean inmersos en un enfrentamiento con un preso
